Una modificación en la reglamentación de la normativa previsional para determinados trabajadores del Estado provincial y municipal abrió una nueva posibilidad para quienes se encuentran próximos a jubilarse. A través de un decreto, el Gobierno de La Rioja reglamentó la Ley N.º 10.893 y estableció un plazo de 90 días hábiles para iniciar los trámites jubilatorios necesarios para acceder a una bonificación extraordinaria por finalización de la carrera administrativa.
El beneficio está destinado a determinados agentes que culminan su trayectoria dentro de la administración pública y contempla el pago de un adicional económico al momento de retirarse. La medida busca resolver una dificultad que había surgido a partir de la redacción original de la normativa, particularmente por la forma en que se establecía el cómputo del plazo para iniciar el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES.
La legislación establecía que los trabajadores debían comenzar las gestiones jubilatorias dentro de los 90 días hábiles posteriores a haber alcanzado la edad requerida para jubilarse. Esta condición generaba una situación compleja para aquellas personas que ya habían cumplido la edad jubilatoria antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, ya que, en determinados casos, el plazo podía considerarse vencido.
Para evitar que esos trabajadores quedaran automáticamente excluidos del beneficio, el Decreto N.º 1.521 estableció un nuevo criterio para contabilizar los tiempos. A partir de esta modificación, los 90 días hábiles comenzarán a contarse desde la entrada en vigencia de la normativa correspondiente y no desde la fecha en la que cada persona alcanzó la edad jubilatoria.
De esta manera, quienes ya reunían las condiciones de edad y aportes dispondrán de un período concreto para iniciar el trámite ante ANSES y completar la documentación necesaria para acceder a la bonificación.
El beneficio, sin embargo, no alcanza a la totalidad de los empleados de la administración pública. Está dirigido a funcionarios políticos, autoridades, directores y personal no escalafonado de los tres poderes del Estado provincial, además de determinados agentes pertenecientes a los municipios.
Entre los requisitos figura la acreditación de al menos 10 años de antigüedad, equivalentes a 120 meses de servicio en la administración. También será necesario cumplir con las condiciones previsionales establecidas por el sistema nacional, incluyendo los requisitos de edad y aportes contemplados por la Ley N.º 24.241.
Otro aspecto que todavía resta precisar está relacionado con los montos concretos de la bonificación. Si bien el decreto reglamentó el procedimiento y estableció el nuevo criterio para contabilizar el plazo, aún debe conocerse la tabla que determinará cuánto corresponderá cobrar según el cargo y la antigüedad de cada beneficiario.
En las próximas semanas, las áreas de personal de los distintos organismos deberán avanzar con la comunicación de los requisitos y las fechas correspondientes. Para los trabajadores alcanzados por la medida, el nuevo plazo representa una oportunidad para completar el proceso jubilatorio y evitar quedar fuera de un beneficio económico previsto para quienes finalizan su carrera dentro del sector público.