La provincia de La Rioja comenzó a implementar un nuevo marco normativo para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educativos. Se trata de la Ley N.º 10.913, que entró en vigencia luego de su publicación en el Boletín Oficial y que establece pautas para la utilización de estas tecnologías durante la jornada escolar en los niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas.

La normativa fue promulgada por el gobernador Ricardo Quintela, luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados durante el mes de octubre. Su objetivo principal es mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, fortalecer la convivencia dentro de las escuelas y generar conciencia sobre los posibles efectos de la exposición temprana y excesiva a las pantallas.

La aplicación de la ley no será uniforme para todos los estudiantes. El Ministerio de Educación deberá establecer, junto con equipos técnicos, directivos y docentes, los criterios específicos para cada nivel y modalidad educativa. De esta manera, las restricciones y autorizaciones estarán determinadas por la edad de los alumnos, sus necesidades pedagógicas y el grado de autonomía que tengan para utilizar los dispositivos tecnológicos.

La propuesta contempla que los teléfonos celulares puedan emplearse con fines educativos cuando exista una planificación y una autorización institucional que justifiquen su utilización como herramientas complementarias de aprendizaje.

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación será la participación de las familias. Cada establecimiento deberá elaborar o actualizar sus acuerdos escolares de convivencia para establecer reglas claras sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante las actividades educativas.

En este proceso, los padres y responsables de los estudiantes tendrán un papel importante, ya que la intención es que las pautas establecidas en las instituciones también puedan acompañarse desde los hogares. El propósito es generar criterios compartidos que permitan promover hábitos tecnológicos saludables y un uso responsable de las herramientas digitales.

Además, el Ministerio de Educación impulsará campañas de información, prevención y formación en ciudadanía digital. Estas acciones buscarán abordar distintas problemáticas vinculadas con el uso de internet y las redes sociales, entre ellas el ciberacoso, la violencia digital, la difusión de imágenes sin consentimiento y la ludopatía.

También se prevé generar espacios de diálogo entre docentes, estudiantes y familias para reconocer los riesgos que pueden aparecer en los entornos virtuales y brindar herramientas para prevenir situaciones que afecten la integridad y el bienestar de niños y adolescentes.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, explicó que la iniciativa no surgió de una decisión improvisada, sino de un proceso de análisis que incluyó experiencias de otras jurisdicciones y consultas realizadas en establecimientos educativos riojanos.

El funcionario sostuvo que la finalidad no es establecer una prohibición arbitraria, sino promover una utilización más consciente de la tecnología. En ese sentido, señaló que el uso permanente de los dispositivos puede generar dependencia, distracciones y dificultades para mantener la concentración, aspectos que pueden repercutir en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Martínez también aclaró que la legislación no alcanza exclusivamente a los teléfonos celulares, sino que comprende otros dispositivos electrónicos que cuentan con conexión a internet y permiten acceder a redes sociales.

Al mismo tiempo, destacó que la tecnología seguirá teniendo un lugar dentro de las aulas, siempre que su utilización responda a objetivos académicos y pedagógicos concretos. En ese sentido, remarcó la importancia del acompañamiento docente para orientar a los alumnos y enseñarles a aprovechar las herramientas digitales de manera adecuada.

La implementación de la normativa tendrá además instancias de evaluación periódica para analizar sus efectos sobre los aprendizajes y la convivencia escolar, y determinar si es necesario realizar ajustes en los criterios de aplicación.

De esta manera, La Rioja avanza hacia un nuevo esquema de regulación tecnológica en las escuelas, con el desafío de encontrar un equilibrio entre las oportunidades que ofrece la conectividad y la necesidad de proteger los espacios de aprendizaje, concentración e interacción social.

La iniciativa busca instalar una discusión que involucra a toda la comunidad educativa: cómo incorporar la tecnología a la formación de las nuevas generaciones sin que su utilización permanente se convierta en un obstáculo para aprender, relacionarse y desarrollarse dentro del ámbito escolar.