El Gobierno de La Rioja considera prácticamente descartada la posibilidad de recibir el adelanto de coparticipación que había solicitado al Estado nacional, un pedido que ascendía a 85 mil millones de pesos y que, hasta el momento, no obtuvo respuesta favorable. Así lo confirmó el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien sostuvo que el paso del tiempo y la falta de definiciones permiten concluir que la asistencia financiera difícilmente llegue a concretarse.

La solicitud provincial había sido presentada luego de que el Gobierno nacional habilitara un mecanismo para otorgar anticipos financieros a distintas jurisdicciones del país. En ese momento, La Rioja aseguró haber cumplido con todos los requisitos administrativos exigidos para acceder al beneficio. Sin embargo, mientras varias provincias fueron incorporadas al programa y recibieron los fondos solicitados, la administración riojana continúa sin novedades sobre su pedido.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que la ausencia de una respuesta refleja una falta de acompañamiento por parte del Gobierno nacional. Además, señalaron que, debido al tiempo transcurrido, incluso si el anticipo fuera autorizado en las próximas semanas, los plazos disponibles para su utilización y posterior devolución antes del cierre del ejercicio fiscal serían muy reducidos, lo que disminuiría considerablemente la utilidad de esos recursos.

Entre las provincias que sí obtuvieron anticipos financieros figuran Córdoba, Mendoza, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy. En el caso cordobés, los fondos fueron destinados a cubrir necesidades transitorias de financiamiento, una situación similar a la planteada por La Rioja cuando realizó su solicitud meses atrás.

A pesar de este escenario, el Gobierno provincial aseguró haber logrado mantener el equilibrio de sus cuentas públicas gracias a una mejora en la recaudación registrada durante los últimos meses. Ese desempeño permitió sostener el funcionamiento de la administración provincial, continuar con distintas políticas públicas y afrontar los compromisos salariales asumidos con los trabajadores del Estado.

En ese contexto, las autoridades destacaron el incremento salarial otorgado a los empleados públicos, que elevará al 27 por ciento el aumento acumulado en lo que va del año. Según indicaron, esa actualización supera la inflación registrada durante el primer semestre y forma parte de la estrategia provincial para preservar el poder adquisitivo de los salarios frente al complejo contexto económico.

Además de la política salarial, el Ejecutivo provincial remarcó que continúa destinando recursos para mantener congeladas las tarifas de algunos servicios públicos, especialmente las vinculadas al suministro de energía eléctrica. El objetivo, explicaron, es aliviar el impacto que los aumentos de costos generan sobre la economía de las familias riojanas.

Otro de los anuncios confirmados fue la continuidad del programa de Bonos de Cancelación de Deuda, conocidos popularmente como «Chachos». Las autoridades informaron que, junto con los haberes correspondientes al mes de julio, los trabajadores estatales recibirán el incremento salarial previsto y posteriormente podrán acceder al bono de 50.000 pesos en esta modalidad.

De acuerdo con el cronograma oficial, el retiro de los bonos podrá realizarse después del 20 de agosto en los centros habilitados por la provincia, entre ellos las oficinas de la Dirección General de Rentas y de EDELaR.

El Gobierno considera que esta herramienta permitirá fortalecer el consumo interno y dinamizar la actividad comercial en distintos puntos de la provincia. La circulación de esos recursos, sostienen las autoridades, contribuirá a incrementar las ventas en comercios locales y favorecerá el movimiento económico en un contexto de dificultades financieras.

Finalmente, desde la Gobernación adelantaron que el programa de los Chachos continuará vigente hasta diciembre. Una vez finalizado el año, se realizará una evaluación integral sobre su funcionamiento, el nivel de aceptación alcanzado y el impacto generado en la economía provincial. A partir de ese análisis se definirá si la iniciativa tendrá continuidad durante el próximo año, en el marco de las políticas destinadas a sostener la actividad económica y el poder de compra de los trabajadores riojanos.