La Rioja inició una nueva etapa en materia electoral con la entrada en vigencia de la Ley N.º 10.898, promulgada el pasado 18 de agosto. La norma reemplaza el régimen que regulaba la Justicia Electoral provincial desde 1983 y establece una nueva estructura institucional, con mayores niveles de especialización, autonomía y digitalización.
La reforma no modifica la manera en que los ciudadanos riojanos emiten su voto ni altera las reglas básicas de las elecciones. El cambio se concentra en la organización de los organismos judiciales encargados de intervenir en los procesos electorales, resolver conflictos, controlar a los partidos políticos y oficializar los resultados.
Uno de los principales cambios será la creación de un Juzgado Electoral Provincial permanente, encabezado por un juez especializado. El magistrado será designado mediante el mecanismo establecido por la Constitución Provincial y el Consejo de la Magistratura, tendrá un mandato de diez años y percibirá una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara.
Hasta ahora, las funciones electorales estaban vinculadas a una estructura que tenía carácter transitorio. Con la nueva normativa se busca establecer un organismo estable, con personal y una Secretaría propia, destinado a concentrar las tareas de primera instancia.
También se modifica la composición del Tribunal Electoral, que continuará integrado por tres miembros. Estará presidido por un integrante del Tribunal Superior de Justicia y contará además con un juez de Cámara y un representante del Ministerio Público de la Defensa. Estos integrantes serán designados mediante sorteo y tendrán mandatos de cuatro años, cuando anteriormente eran de dos.
La incorporación formal de la Defensa Pública constituye otra de las novedades de la reforma. Al mismo tiempo, se mantiene la exigencia de que quienes integren el organismo no hayan ocupado cargos partidarios durante los cuatro años anteriores a su designación.
Otro aspecto central es la autarquía financiera. El Tribunal Electoral podrá presentar su propio presupuesto ante la Función Legislativa, una herramienta que apunta a otorgarle mayor autonomía para organizar sus recursos y funcionamiento.
La nueva legislación también establece una distribución más clara de competencias. El Tribunal Electoral tendrá a su cargo cuestiones como la organización de los procesos, la oficialización de listas, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos. El Juzgado Electoral, en cambio, actuará como primera instancia y tendrá nuevas facultades relacionadas con el funcionamiento interno de los partidos.
Entre esas atribuciones aparece una particularmente relevante: el control y la fiscalización del patrimonio de las agrupaciones políticas. También se contempla la intervención sobre registros de afiliados, nombres, símbolos partidarios y determinados procedimientos internos.
La tecnología ocupará, además, un lugar central. La tramitación electrónica y el uso de herramientas digitales pasarán a ser obligatorios, con el objetivo de acelerar los procesos y mejorar el seguimiento de los expedientes. En materia electoral, donde los tiempos suelen ser determinantes, la normativa establece plazos muy breves: cinco días para las resoluciones del Juzgado Electoral y diez para las del Tribunal.
Incluso se mantiene una regla estricta: si esos plazos vencen, se produce la pérdida automática de jurisdicción y el expediente debe pasar al funcionario subrogante correspondiente.
La reforma contempla también la creación de un Registro Provincial de Electores. Su implementación será progresiva y, durante la etapa de transición, continuará utilizándose el padrón nacional mientras se articula el nuevo sistema con la Justicia Federal.
La transformación llega después de la reforma constitucional provincial de 2024, que había establecido nuevas bases para la organización de la Justicia Electoral. Ahora, el desafío será llevar esas modificaciones a la práctica.
La designación de autoridades, la conformación del nuevo Tribunal, la organización presupuestaria, la digitalización de los expedientes y la construcción del padrón provincial serán algunos de los primeros pasos.
De esta manera, La Rioja se encamina hacia el próximo ciclo electoral con una estructura judicial diferente a la que funcionó durante más de cuatro décadas. No cambia la forma de votar, pero sí cambia quién organiza, quién controla y quién resuelve las controversias vinculadas con las elecciones provinciales.