El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que vuelve a sacudir al Gobierno nacional. Luego de que el presidente Javier Milei admitiera públicamente que no debería haber promocionado el activo digital que terminó en una estafa multimillonaria, salió a la luz un documento firmado en Casa Rosada que reaviva las sospechas sobre su grado de involucramiento. Se trata de un acuerdo rubricado bajo cláusulas de “estricta confidencialidad” con Hayden Davis, principal impulsor de la criptomoneda, apenas dos semanas antes de su lanzamiento y posterior colapso.
El propio mandatario había reconocido que, con el diario del lunes, no repetiría el mensaje publicado en redes sociales en el que alentaba a invertir en $LIBRA. Sin embargo, se defendió asegurando que en ese momento estaba convencido de la decisión que tomaba. Esa explicación buscó cerrar la discusión política, aunque el contenido del contrato conocido recientemente volvió a instalar fuertes interrogantes.
Mientras avanza la investigación judicial por las pérdidas sufridas por miles de inversores, Milei insistió en negar que se haya tratado de una estafa. En entrevistas televisivas, el jefe de Estado sostuvo que quienes participaron del proyecto conocían los riesgos y que la operatoria se dio en un mercado específico, reservado para personas con experiencia en activos digitales. También argumentó que en Estados Unidos se habrían levantado embargos sobre Davis, lo que, según su visión, demostraría que no existió delito alguno.
En ese marco, el presidente buscó despegarse del rol central que tuvo al promocionar públicamente la criptomoneda, trasladando la responsabilidad a quienes decidieron invertir. Aun así, evitó referirse a un punto clave que se conoció horas después: la existencia de un contrato firmado el 30 de enero, quince días antes del estallido de $LIBRA, dentro de la propia sede del Poder Ejecutivo.
El acuerdo establece la designación de Hayden Davis como asesor del Estado nacional en áreas estratégicas vinculadas a la tecnología. Entre los ejes del convenio figuran la automatización mediante contratos inteligentes, la digitalización de documentos públicos, el desarrollo de ecosistemas de innovación digital y programas de capacitación en blockchain e inteligencia artificial. El texto, redactado en español y en primera persona por el propio Davis, remarca el compromiso de brindar asesoramiento profesional alineado con las tendencias globales de modernización y descentralización tecnológica, garantizando confidencialidad absoluta.
En apenas dos carillas, el documento detalla la intención de aplicar tecnología blockchain en distintos ámbitos del Estado, desde el registro seguro de documentos oficiales hasta el impulso de startups tecnológicas y la formación de funcionarios públicos. La firma de este acuerdo previo al lanzamiento de la criptomoneda contradice, para muchos, la narrativa de una relación meramente circunstancial entre el presidente y el empresario estadounidense.
La revelación del contrato vuelve a colocar al Gobierno en una posición incómoda. Mientras Milei insiste en que no hubo estafa y espera que la Justicia argentina se pronuncie, el documento plantea dudas sobre la transparencia del vínculo y el uso de la investidura presidencial en un proyecto que terminó perjudicando a miles de personas.
Así, el caso $LIBRA deja de ser solo una controversia financiera para convertirse en un tema político e institucional de alto impacto, donde la confidencialidad, las decisiones presidenciales y la responsabilidad pública quedan bajo la lupa, en un contexto que aún promete nuevas revelaciones.
