Miles de personas en todo el país continúan aguardando una respuesta del Estado para acceder a una Pensión No Contributiva por invalidez laboral. De acuerdo con datos oficiales difundidos a través de un informe elaborado por una organización especializada en derechos humanos, actualmente existen 227.354 solicitudes que permanecen pendientes de resolución, una cifra que refleja el importante retraso acumulado en la tramitación de este beneficio destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

El informe, elaborado a partir de información proporcionada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, expone que la mayor parte de los expedientes demorados corresponde a solicitudes iniciadas entre los años 2020 y 2023. En total, son 200.011 trámites que permanecen sin una resolución definitiva, lo que representa cerca del 86 por ciento del total de expedientes pendientes.

A ese volumen de solicitudes se suman otros 90.791 trámites iniciados entre enero de 2024 y abril de 2026, ya durante la actual administración nacional. Sin embargo, en el mismo período solo fueron otorgadas 8.633 pensiones, mientras que otras 1.741 solicitudes recibieron una respuesta negativa de manera oficial.

Los números también muestran otro dato relevante. Paralelamente al avance de las auditorías impulsadas por el Gobierno, alrededor de 110.000 pensiones fueron dadas de baja tras los procesos de revisión implementados por las autoridades. Esta política forma parte de un esquema de control destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio, aunque también ha despertado cuestionamientos por parte de distintos sectores vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En este contexto también se produjo una reorganización institucional. La histórica Agencia Nacional de Discapacidad fue reemplazada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud y concentra las funciones relacionadas con la administración de estas prestaciones.

Las organizaciones que siguen de cerca la evolución del sistema sostienen que la cantidad de expedientes pendientes, en comparación con el número de resoluciones emitidas, evidencia un marcado retraso en la respuesta estatal. Desde esos sectores se advierte que la demora impacta directamente en personas que dependen de esta asistencia económica para afrontar gastos cotidianos y garantizar condiciones básicas de subsistencia.

Mientras tanto, miles de solicitantes continúan esperando una definición sobre sus expedientes. Para muchas familias, la resolución de estos trámites representa mucho más que un procedimiento administrativo: significa la posibilidad de acceder a un ingreso destinado a acompañar situaciones de discapacidad e imposibilidad laboral. En ese escenario, el desafío para las autoridades será acelerar el tratamiento de las solicitudes pendientes y brindar respuestas a quienes llevan meses, e incluso años, aguardando una resolución definitiva.