El Gobierno de Javier Milei avanza con una de sus principales apuestas en materia judicial: consolidar su presencia en la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales más sensibles de Comodoro Py y con intervención en causas de alto impacto político. Este miércoles, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender sus postulaciones y buscar el respaldo necesario para ocupar cargos en ese tribunal.

La elección de ambos magistrados no es considerada un movimiento menor. La Cámara Federal porteña tiene la responsabilidad de revisar decisiones tomadas en numerosas investigaciones de relevancia nacional, entre ellas expedientes vinculados con presuntos negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras causas que involucran a sectores políticos y empresariales.

La estrategia del Gobierno comenzó a tomar forma luego de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Allí se decidió avanzar con el concurso destinado a cubrir los lugares que habían ocupado Leopoldo Bruglia y el propio Bertuzzi, quienes habían llegado a la Cámara mediante traslados dispuestos durante la gestión de Mauricio Macri sin atravesar un concurso convencional.

El proceso se inició en 2021, después de que la Corte Suprema estableciera que esos traslados no podían considerarse permanentes y que el acceso definitivo a los cargos debía concretarse mediante concursos ante el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, Bertuzzi volvió a quedar entre los seleccionados. Yadarola también integró una de las ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura, aunque ninguno de los dos había quedado originalmente entre los primeros puestos del orden de mérito. Tras distintas impugnaciones y modificaciones, sus nombres terminaron formando parte de las ternas que llegaron a consideración del Poder Ejecutivo.

Pocos días después, Milei modificó mediante un decreto los mecanismos establecidos para la selección de jueces. La medida generó cuestionamientos porque redujo algunos controles y buscó acelerar los procedimientos para completar vacantes judiciales.

El interés oficial se concentra especialmente en la Cámara Federal. Si el Senado aprueba ambos pliegos, Yadarola reemplazaría a Bruglia y Bertuzzi continuaría en el tribunal. Ambos pasarían a integrar la Sala I junto con Mariano Llorens.

La situación de la Sala II también es seguida con atención. Allí se tramitan causas sensibles, entre ellas investigaciones relacionadas con presuntos negocios irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad. El futuro de esa sala podría quedar condicionado además por la situación del juez Martín Irurzun, quien alcanzó los 75 años, la edad límite prevista por la Constitución para continuar en el cargo si no obtiene un nuevo acuerdo del Senado.

La Corte Suprema deberá definir cómo resolver ese caso. Irurzun cuestionó judicialmente el límite de edad y pidió que no se le aplique, mientras que existen antecedentes que sostienen la validez de esa restricción.

En paralelo, los dos candidatos que buscan desembarcar en la Cámara Federal cuentan con una extensa trayectoria judicial. Bertuzzi desarrolló buena parte de su carrera en Comodoro Py y también pasó por tribunales orales. Yadarola, por su parte, comenzó en la justicia de instrucción, trabajó en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad y desde 2015 se desempeña como juez en lo penal económico.

El Gobierno pretende que ambos magistrados puedan asumir antes de septiembre, aunque el escenario político en el Senado podría complicar los plazos previstos. La administración de Milei asegura que durante su gestión se enviaron numerosas propuestas para cubrir vacantes judiciales y presenta ese proceso como una señal de avance en la renovación de la Justicia.

Pero la apuesta va más allá de dos nombramientos. La Casa Rosada también analiza una reforma más amplia de la Justicia federal porteña, que podría incluir una reducción del número de juzgados y cambios en la estructura de la Cámara Federal de Casación Penal.

De esta manera, la llegada de Bertuzzi y Yadarola a Comodoro Py podría convertirse en una pieza central de un proceso mucho más profundo: la intención del Gobierno de modificar el mapa del poder judicial federal y ganar influencia en uno de los escenarios donde se definen algunas de las causas más delicadas de la política argentina.