La investigación judicial que busca esclarecer un presunto esquema de corrupción dentro de la empresa estatal ARSAT sumó un nuevo capítulo con la comparecencia de dos de los principales acusados ante la Justicia Federal. Facundo Leal, expresidente de la compañía, y Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras y Contrataciones, decidieron no responder las preguntas del juez ni del fiscal y se limitaron a presentar escritos en los que cuestionaron el estado de la investigación y el momento en que fueron convocados a prestar declaración indagatoria.
Ambos sostuvieron que todavía existen medidas de prueba pendientes y aseguraron que no cuentan con acceso completo al expediente, por lo que consideran que desconocen con precisión los hechos por los cuales se los investiga. Sin embargo, la causa judicial ya reúne una importante cantidad de documentación, mensajes, informes y pericias que buscan reconstruir el funcionamiento de un presunto circuito de direccionamiento de contrataciones públicas y el pago de beneficios indebidos a funcionarios.
La investigación se centra en la contratación de la empresa Argentina Logistic Services, conocida como ALS, que fue seleccionada para administrar un depósito donde ARSAT almacenaba costosos equipos, cables y materiales destinados a la Red Federal de Fibra Óptica. Según la acusación, la adjudicación habría estado definida de antemano y la licitación solo habría servido para dar apariencia de legalidad a una decisión previamente acordada.
Los investigadores sostienen que el contrato inicial, firmado a fines de 2021 por un monto superior a los 760 mil dólares, fue deliberadamente fraccionado para evitar que debiera intervenir el directorio de la empresa. Posteriormente, ese acuerdo fue prorrogado en distintas oportunidades, mientras que se emitieron nuevas órdenes de compra que elevaron considerablemente el volumen de negocios con la misma firma.
Uno de los elementos más relevantes del expediente son cientos de mensajes extraídos de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, esas conversaciones revelarían cómo los funcionarios involucrados intercambiaban información con representantes de ALS sobre el avance del proceso administrativo, la incorporación de nuevos servicios a los contratos e incluso referencias a presuntos pagos de dinero y otros beneficios.
La hipótesis judicial sostiene que algunos exdirectivos de ARSAT habrían recibido sumas de dinero en efectivo, pasajes aéreos, favores personales y otras compensaciones provenientes de un proveedor que, paradójicamente, debía estar sujeto al control de la propia empresa estatal. Además, los investigadores detectaron el supuesto uso de aplicaciones de mensajería con comunicaciones encriptadas y mensajes que se eliminaban automáticamente, una modalidad que habría buscado dificultar el seguimiento de las conversaciones.
Paralelamente, la Justicia analiza la evolución patrimonial de los exfuncionarios investigados. En el caso de Facundo Leal, el foco se intensificó tras una serie de allanamientos realizados en sus propiedades. Durante esos procedimientos fueron hallados aproximadamente 2,5 millones de dólares en efectivo distribuidos entre inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. También se secuestraron distintos tipos de drogas, una balanza de precisión y dispositivos que actualmente son analizados por los investigadores por su posible utilización en tareas de espionaje.
A raíz del hallazgo de estupefacientes, Leal también enfrenta una causa paralela por presunta tenencia con fines de comercialización, aunque durante actuaciones anteriores sostuvo que esas sustancias eran para consumo personal.
La investigación, curiosamente, no comenzó por las presuntas irregularidades en las contrataciones, sino por una denuncia relacionada con el robo de materiales almacenados en los depósitos administrados por ALS. Empleados de ARSAT detectaron que varios contenedores habían sido violentados y que faltaban cables de cobre y otros elementos de alto valor económico. Esa situación despertó sospechas cuando se comprobó que las cámaras de seguridad no funcionaban y que el predio presentaba importantes deficiencias en materia de vigilancia.
Peritajes posteriores determinaron que el robo habría requerido una logística compleja, varias horas de trabajo y el uso de herramientas especiales, circunstancias que llevaron a profundizar la investigación sobre la empresa encargada del depósito y, posteriormente, sobre las contrataciones que la vincularon con ARSAT.
Mientras avanza el proceso judicial, también continúan las declaraciones de otros exfuncionarios que ocuparon cargos estratégicos dentro de la empresa estatal. La causa busca determinar si existió una estructura organizada destinada a beneficiar a un proveedor específico mediante contrataciones direccionadas y si, como sostiene la fiscalía, esos acuerdos estuvieron acompañados por el pago sistemático de sobornos y otras ventajas económicas a quienes tenían la responsabilidad de controlar esos contratos. La evolución de las próximas indagatorias y el análisis de la prueba incorporada serán determinantes para establecer el alcance de las responsabilidades penales de los involucrados.