La liberación del excomisario Eduardo Kalinec volvió a reactivar un debate sensible y persistente en la agenda política y social. A pocas horas de conocerse su salida de la cárcel, la activista Cecilia Pando retomó públicamente su reclamo al Gobierno nacional para que avance en la liberación de los represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Con un mensaje difundido en el marco de las celebraciones navideñas, Pando pidió que las autoridades tengan “sabiduría y coraje” para revertir lo que considera una injusticia histórica.
Pando, quien preside la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, comenzó su intervención con un saludo festivo que rápidamente derivó en una fuerte crítica al sistema judicial. En sus palabras, volvió a sostener que quienes se encuentran detenidos lo están de manera ilegal por haber combatido al terrorismo en la década del setenta. Desde esa posición, reclamó decisiones políticas que permitan la libertad de los condenados, apuntando directamente a la administración actual.
El pronunciamiento no fue aislado. En los últimos meses, la dirigente intensificó sus cuestionamientos hacia figuras del oficialismo, incluso hacia dirigentes con quienes supo compartir espacios y discursos. Ya había expresado su descontento por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y por la falta de avances concretos en las promesas de campaña vinculadas a este tema. En paralelo, comenzó a mostrarse cercana a otros sectores políticos y funcionarios, con apariciones públicas que no pasaron desapercibidas.
Durante las fiestas también circularon comunicados de otras organizaciones que se autodefinen como defensoras de la llamada “memoria completa”. En esos textos, dirigieron mensajes de apoyo a los detenidos y a sus familias, denunciando persecuciones judiciales y reclamando gestos humanitarios. Estas agrupaciones, integradas por asociaciones civiles, exmilitares y abogados, vienen impulsando desde hace años distintas acciones legales para obtener beneficios judiciales para los condenados, aunque sin resultados favorables.
A diferencia del discurso confrontativo de Pando, estos sectores mantienen una relación más cercana con áreas del Gobierno y evitan cuestionamientos directos a la Casa Rosada. Incluso tomaron distancia de movilizaciones recientes que no lograron convocatoria y de pedidos más explícitos, como la solicitud formal presentada a comienzos de diciembre para que el Presidente impulse una ley de amnistía o indultos. Esa iniciativa reavivó discusiones internas dentro del propio espacio que promueve la liberación de los represores, donde no todos coinciden en los caminos a seguir.
El caso Kalinec se convirtió en un punto de referencia para estas estrategias. Su excarcelación fue avalada por un fallo que ponderó informes penitenciarios favorables sobre su conducta y supuestas posibilidades de reinserción social. Sin embargo, otros organismos técnicos y familiares de víctimas sostienen que no hubo arrepentimiento ni reconocimiento de los crímenes cometidos, lo que mantiene abierta la polémica.
Actualmente, el número de represores alojados en cárceles comunes es mínimo. La mayoría se encuentra concentrada en unidades especiales, una situación que organismos de derechos humanos califican como un retroceso histórico. En las últimas horas, la Justicia rechazó nuevos pedidos de excarcelación de condenados emblemáticos, marcando un límite a los reclamos.
Mientras tanto, el debate sigue latente. Entre presiones públicas, disputas internas y decisiones judiciales, el tema vuelve a instalarse con fuerza, recordando que, a casi cinco décadas del golpe de Estado, las heridas del pasado siguen generando tensiones en el presente.
