La diputada Marcela Pagano profundizó sus acusaciones contra funcionarios del gobierno de Javier Milei y presentó una denuncia penal en la que señaló presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La legisladora atribuyó a distintos funcionarios posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos, y sostuvo que determinadas transferencias de dinero a las provincias podrían haber estado vinculadas con el respaldo de sus gobernadores y legisladores a iniciativas impulsadas por el oficialismo.

En su presentación, Pagano afirmó haber identificado montos, operaciones y provincias que, según su interpretación, estarían relacionadas con acuerdos políticos alcanzados durante votaciones clave en el Congreso. Uno de los elementos que destacó fue el comportamiento temporal de los desembolsos. Según sus datos, durante los días en que se votaron determinadas leyes se habrían liberado pagos equivalentes a 3,44 veces el promedio registrado durante el resto del mes.

La diputada consideró que esa diferencia no sería casual y planteó que los gobernadores habrían sido presionados hasta último momento para garantizar el respaldo legislativo. Luego de las votaciones, según su denuncia, se habrían habilitado transferencias cuyo destino final no estaría suficientemente claro.

Pagano también estableció una relación directa entre los movimientos financieros del Gobierno nacional hacia las provincias y el comportamiento de los legisladores que respaldaron proyectos promovidos por la administración libertaria. En ese contexto, lanzó una frase que sintetizó su acusación: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.

Entre los montos que mencionó aparecen transferencias por 11.987 millones de pesos vinculadas con la provincia de Jujuy, cuyo gobernador es Carlos Sadir. También señaló 13.493 millones destinados a Misiones, bajo la administración de Carlos Rovira; 2.322 millones relacionados con Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo; 2.104 millones correspondientes a Santa Cruz, cuyo mandatario es Claudio Vidal; y 1.787 millones asociados a Salta y al gobernador Gustavo Sáenz.

Como parte de su denuncia, la legisladora presentó además una suerte de “lista de precios” que, según sus cálculos, permitiría observar una coincidencia entre determinadas votaciones y posteriores movimientos de fondos.

Entre los ejemplos citados aparece la reforma laboral, que habría estado acompañada por transferencias por 17.139 millones de pesos realizadas entre el 11 y el 13 de febrero. También mencionó la Ley de Glaciares, vinculada con pagos por 12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril. A esto sumó la iniciativa conocida como Hojarasca y las zonas frías, que obtuvo media sanción en Diputados y que, según sus datos, coincidió con transferencias por 14.096 millones de pesos entre el 19 y el 21 de mayo.

Las acusaciones plantean un escenario de fuerte tensión política y deberán ser respaldadas por documentación y pruebas que permitan determinar si existió una relación ilegal entre los desembolsos y las decisiones legislativas. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo financiero entre la Nación y las provincias y abre interrogantes sobre la transparencia en la distribución de recursos públicos.