Un hecho inesperado generó fuerte controversia en el marco de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, que se encuentra próxima a ser debatida en la Cámara de Diputados. En medio de una convocatoria masiva que superó las 100 mil inscripciones, trascendió que uno de los expositores seleccionados tendría antecedentes vinculados a los servicios de inteligencia, lo que encendió alarmas y abrió un nuevo frente de discusión política.
La jornada en cuestión se desarrolló el pasado 25 de marzo, en un contexto de alta tensión y con el Congreso fuertemente custodiado. Luego de varias horas de exposiciones, tomó la palabra Hugo Maximiliano Monico, quien se presentó como presidente de una organización ambientalista denominada Green Marathon, con sede en Guernica, provincia de Buenos Aires. Durante su intervención, que se extendió por unos minutos, expresó su rechazo a la modificación de la normativa vigente y remarcó la importancia de preservar los recursos hídricos, logrando el respaldo del público presente.
Sin embargo, poco después comenzaron a surgir dudas sobre su perfil. Investigaciones posteriores permitieron reconstruir que una persona con su mismo nombre y documento habría formado parte durante años de organismos de inteligencia del Estado. Documentación judicial indica que en 2022 inició un reclamo previsional en el que se identificaba como retirado de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, organismo que anteriormente operaba bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia.
Según registros oficiales, habría percibido compensaciones por tareas especiales durante casi dos décadas, hasta su desvinculación formal en diciembre de 2020. Estos datos, disponibles en expedientes públicos, incluyen incluso recibos salariales que respaldarían su paso por dichas estructuras.
El hecho de que haya sido seleccionado para exponer en una audiencia con participación limitada llamó particularmente la atención, sobre todo considerando la gran cantidad de inscriptos que no pudieron acceder a ese espacio. A esto se suma que su incursión en el ámbito ambientalista habría comenzado mientras aún se encontraba en funciones dentro del sistema de inteligencia.
En paralelo, el contexto político suma otro elemento de análisis. Un documento oficial sobre planificación estratégica en inteligencia habría señalado como áreas de interés a organizaciones ambientalistas con capacidad de incidencia en la agenda pública. Esto alimentó sospechas sobre posibles tareas de infiltración o seguimiento en estos espacios.
El episodio también reavivó antecedentes similares en el país, donde agentes se infiltraron en organizaciones sociales, medios de comunicación e incluso colectivos de derechos humanos. Algunos de estos casos derivaron en investigaciones judiciales y condenas, aunque otros no avanzaron significativamente en el ámbito judicial.
En este escenario, la aparición de este expositor en una instancia clave de debate legislativo no solo generó inquietud, sino que volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites de la inteligencia estatal en democracia. Mientras tanto, la reforma de la Ley de Glaciares continúa su curso en el Congreso, atravesada ahora por un nuevo interrogante que excede lo ambiental y se instala de lleno en el terreno institucional.