Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria mantuvieron un encuentro con organizaciones y colectivos que representan a personas con cardiopatías congénitas, en una reunión marcada por la preocupación y la urgencia. El objetivo fue delinear un plan de acción frente a la situación crítica que atraviesa el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, afectado por decisiones recientes del Gobierno nacional que ponen en riesgo su continuidad. Entre las principales resoluciones, se acordó avanzar con la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre el desmantelamiento del programa.
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas cumple un rol central en la detección temprana y el tratamiento de estas patologías, que constituyen la segunda causa de muerte neonatal en el país. Sin embargo, su funcionamiento quedó seriamente comprometido tras la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional. Esta decisión generó alarma entre las familias, profesionales y organizaciones que trabajan desde hace años para garantizar el acceso a la salud de niños y niñas con estas afecciones.
Durante el encuentro, representantes de los colectivos expusieron con claridad el impacto humano que tiene la incertidumbre actual. Lucía Wajman, integrante de Cardiocongénitas Argentinas, expresó que el programa quedó prácticamente sin conducción especializada y que hoy no existen garantías sobre aspectos fundamentales del tratamiento. Las familias no saben si los niños podrán ser trasladados a tiempo, si accederán a la medicación necesaria o si llegarán al quirófano cuando la intervención es urgente. En ese contexto, advirtió que la falta de respuestas genera miedo, ya que en estos casos el tiempo es un factor decisivo para la vida.
Wajman recordó además que la ley que respalda este programa fue aprobada por el Congreso en 2023 gracias a la lucha de las organizaciones y las familias, y que esa normativa fue rechazada en su momento por quienes hoy integran el Poder Ejecutivo. Según señaló, aunque la ley sigue vigente y formalmente protege al programa, en la práctica se estarían tomando decisiones que lo vacían de contenido y lo debilitan de manera silenciosa.
Las cifras refuerzan la gravedad del escenario: cada año nacen en Argentina alrededor de 4 mil niños con cardiopatías congénitas, y la mitad de ellos necesita una cirugía de alta complejidad para poder sobrevivir. Sin un programa nacional sólido, articulado y con especialistas, esas intervenciones corren serio riesgo de no concretarse a tiempo.
Desde el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, los diputados reafirmaron su compromiso con el derecho a la salud, especialmente el de las infancias, y remarcaron que se trata de una responsabilidad indelegable del Estado. En ese marco, repasaron los proyectos presentados y los pedidos de acceso a la información pública ya impulsados, y coincidieron en la necesidad de que el ministro de Salud dé explicaciones formales ante el Parlamento.
Como parte de las acciones de visibilización, las organizaciones anunciaron un banderazo federal para el próximo 1 de febrero en distintos puntos del país, bajo una consigna que resume el espíritu de la lucha: “Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”. La convocatoria busca interpelar a la sociedad y reclamar que el derecho a la salud no sea una variable de ajuste.