En un escenario judicial que sigue avanzando pese a los cambios políticos, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación ha dejado de intervenir como querellante en los más recientes juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La ausencia no es casual ni aislada: responde, por un lado, al desmantelamiento del área de querellas y al despido de los abogados que durante años llevaron adelante estas causas, y por otro, a una reestructuración administrativa que limitó las funciones del organismo.
El viernes 13 de febrero comenzó el juicio por los crímenes perpetrados en dos centros clandestinos que operaban bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado: Automotores Orletti y la Base Pomar. En esta instancia no se analizará lo ocurrido en la Base Bacacay, un sitio identificado gracias a documentación desclasificada que permitió reconstruir parte del circuito represivo. Sin embargo, en este proceso la Subsecretaría no ocupa el lugar de querellante, una figura que históricamente representó al Estado nacional en la acusación contra los responsables.
La misma situación se repite en el juicio contra el prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los mayores centros de detención ilegal del país. Sánchez fue extraditado desde Brasil en plena pandemia, en un procedimiento que evidenciaba un interés estatal por someterlo a juicio. Hoy, ese impulso parece haberse diluido.
En La Plata también comenzó un nuevo proceso por los crímenes atribuidos a la Concentración Nacional Universitaria, la CNU. Allí vuelven a ser juzgados Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, y se suma por primera vez Agustín Antonio “Tony” de Jesús. En ese expediente, la defensa planteó que la Subsecretaría carecería de legitimación para actuar como querellante tras el decreto 347/2025, que degradó el rango del organismo, y el 605/2025, que reorganizó su estructura sin incluir expresamente esa función.
Ante ese planteo, el juez Jorge Gorini solicitó al Ministerio de Justicia que defina si el organismo conserva o no la facultad de intervenir en estas causas. La respuesta oficial será clave para determinar el rol futuro del Estado en los procesos en curso.
La participación estatal como querellante en delitos de lesa humanidad se formalizó en 2006, cuando un decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner estableció el compromiso “firme e irrenunciable” de impulsar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Desde entonces, el área llegó a intervenir en 265 causas. Hoy, ese esquema parece haber quedado atrás.
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Memoria Abierta advirtieron que la nueva normativa eliminó no solo la facultad de querellar, sino también funciones vinculadas a la protección de víctimas y testigos.
Así, en medio de debates sobre memoria y responsabilidad estatal, los tribunales siguen su curso. La incógnita que se abre es cuál será, de ahora en adelante, el lugar que el Estado nacional decidirá ocupar en la búsqueda de verdad y justicia.
Mientras tanto, los juicios continúan. Están en agenda procesos por la masacre de la calle Corro, el ingenio La Fronterita y Molinos Río de la Plata, entre otros. En Tucumán, la Justicia convocó a 49 imputados en la investigación más amplia realizada hasta ahora sobre el Operativo Independencia, que habría afectado a 581 víctimas, entre ellas 67 niños, niñas y adolescentes.
