El anuncio del Gobierno provincial sobre un nuevo incremento salarial para la Administración Pública no logró descomprimir el clima de tensión con los gremios estatales. La medida, oficializada a comienzos de la semana, establece una mejora que se liquidará con los haberes de febrero y se reflejará en los sueldos que los trabajadores cobrarán en marzo. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, el aumento fue recibido con fuertes cuestionamientos por parte de distintos sindicatos.
El incremento alcanza a empleados públicos activos, jubilados y personal municipal, e incluye montos diferenciados para áreas consideradas estratégicas como Salud, Educación y Seguridad. Según la información oficial, la suba promedio oscila entre el 11 y el 14 por ciento, resultado de una combinación de aumentos en el salario básico y sumas fijas, tanto remunerativas como no remunerativas. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca atenuar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.
No obstante, la respuesta gremial fue mayoritariamente crítica. En el sector educativo, tanto la Asociación de Maestros y Profesores como el Sindicato de Educadores de La Rioja coincidieron en señalar que el aumento no alcanza para compensar la pérdida del poder de compra acumulada en los últimos meses. En el ámbito de la salud, SER Salud expresó objeciones similares, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado calificó la suba como “insuficiente”, aunque reconoció que representa un avance en relación con negociaciones anteriores.
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo con la confirmación de un paro para el próximo 2 de marzo. La medida fue anunciada por la AMP y se enmarca en la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, en rechazo a la propuesta salarial y en reclamo de una recomposición más profunda. El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, explicó que el objetivo es exigir un salario que equipare el valor de la canasta básica y avanzar en la incorporación de las sumas no remunerativas al básico. El paro coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en La Rioja, lo que anticipa un escenario de conflicto desde el primer día de clases.
Desde SELaR, en cambio, si bien manifestaron disconformidad, optaron por no anunciar medidas de fuerza. Su secretario general, Ignacio Colina, indicó que el gremio había solicitado un 15 por ciento y un mayor fortalecimiento de los ítems remunerativos. Reconoció que el incremento se ubica dentro de la inflación acumulada, aunque remarcó que seguirán negociando. En ese marco, el piso salarial docente quedó establecido en 715.000 pesos, más un Incentivo Provincial Educativo de 160.000 pesos, con el compromiso de revisar la escala de antigüedad.
En el sector sanitario, el secretario general de SER Salud, Roberto Carrizo, cuestionó con dureza el aumento. Señaló que el salario promedio ronda los 700.000 pesos y “no alcanza ni para 15 días” frente al costo de vida. El incremento para el sector consistió en un 11,5 por ciento al básico más una suma fija remunerativa de 50.000 pesos, pero desde el gremio advirtieron que los trabajadores siguen lejos de la canasta básica y de la línea de pobreza. Además, reclamaron la reapertura de paritarias y denunciaron que los aumentos se definen de manera unilateral.
ATE, por su parte, también puso el foco en la falta de diálogo. En un comunicado, el sindicato sostuvo que las organizaciones gremiales no participaron en la definición del incremento y reclamó institucionalizar las paritarias. Además, exigió el blanqueo de las sumas no remunerativas, que estiman representan cerca del 60 por ciento del salario, al considerar que sin una incorporación real al básico cualquier mejora resulta parcial y distorsiva.
Así, el aumento salarial anunciado por el Gobierno provincial, lejos de cerrar la discusión, abrió un nuevo frente de conflicto con los sindicatos estatales, que advierten que la recomposición es insuficiente y reclaman negociaciones formales en un escenario marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.