La inminente discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales. Mientras la conducción de la CGT convocó a un paro general sin movilización para la jornada en que se tratará el proyecto, varios gremios decidieron ir más allá y anunciaron que se concentrarán frente al Congreso para manifestar su rechazo en las calles.
La medida fue impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que nuclea a organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Aceiteros, los Pilotos, la Asociación de Trabajadores del Estado y las dos CTA. Bajo la consigna de frenar la reforma en la vía pública, confirmaron que el jueves 19 de febrero realizarán primero una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y luego marcharán hacia el Congreso de la Nación. Además, anticiparon que habrá réplicas de la protesta en distintos puntos del país.
Desde el espacio convocante llamaron a la “más amplia unidad” de los sectores sindicales, sociales y productivos, al considerar que el proyecto en debate impacta de manera directa sobre derechos laborales históricos y sobre el futuro del empleo en la Argentina.
En paralelo, el Gobierno advirtió que descontará el día a los trabajadores estatales que se adhieran al paro general. La advertencia se produce en un contexto particular: todos los gremios del transporte confirmaron su adhesión, lo que anticipa una jornada sin servicios públicos y con fuertes complicaciones para la movilidad en las principales ciudades.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue contundente al referirse a la medida y defendió el derecho a huelga como una garantía constitucional vigente. Aseguró que la paralización en la administración pública será total y cuestionó la postura oficial frente a la protesta.
A la tensión se sumó el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), que inició un paro de 48 horas desde la medianoche del miércoles. Su secretario general, Mariano Vilar, explicó que el rechazo se centra en un punto específico del proyecto: la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. Según sostuvo, la iniciativa pretende encuadrar a estos trabajadores bajo el Código de Comercio, lo que implicaría, a su entender, una pérdida de protección laboral básica.
Desde el gremio alertaron que esta modificación podría afectar no solo las condiciones de trabajo en el sector marítimo, sino también la logística y el comercio exterior del país. Vilar remarcó que los conductores navales son trabajadores argentinos y que deben regirse por los mismos derechos que el resto, ya sea en tierra o en el mar.
Así, en la antesala del debate parlamentario, el clima social se intensifica. El Congreso se prepara para una sesión clave, mientras en la calle distintos sectores buscan hacer oír su voz en una jornada que promete ser determinante para el escenario laboral argentino.