En medio del escenario político actual, resurgen interrogantes sobre un episodio del pasado del actual funcionario Manuel Adorni, vinculado a su inscripción en el ámbito sindical durante el año 2019. En aquel entonces, el hoy jefe de Gabinete figuró como afiliado al Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA), declarando desempeñarse como repartidor para una empresa denominada Tesir SRL. El dato no pasó inadvertido: por esos mismos días, Adorni ya contaba con una presencia consolidada como panelista en el canal La Nación+, lo que generó dudas sobre la veracidad o coherencia de su actividad laboral declarada.
La empresa en cuestión había sido constituida en 2018 por Jacinto Gómez Bogado, quien arrastraba antecedentes judiciales complejos. Según registros, había sido procesado y detenido años antes en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes, tras una investigación que lo vinculó con la comercialización de cocaína en pleno centro porteño. Testimonios incluidos en la causa describieron un funcionamiento sistemático y visible de venta ilegal, lo que derivó en su detención y el secuestro de dinero en efectivo y dispositivos móviles.
La cronología añade un elemento clave: al momento en que Adorni declaró su relación laboral con Tesir SRL, la situación judicial de Gómez Bogado aún no estaba completamente resuelta. Este vínculo, aunque formal en los papeles, abre interrogantes sobre el grado de conocimiento o vínculo real entre ambas partes.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, su paso por el sindicato tuvo una evolución llamativa. En apenas dos años, Adorni pasó de figurar como trabajador de reparto a ocupar el cargo de Secretario Adjunto del SAEDA, una progresión poco habitual dentro del mundo gremial, donde las trayectorias suelen construirse desde la base y con años de militancia.
A esto se suma otro aspecto relevante: Tesir SRL no presenta actividad económica verificable. No registra empleados activos, no posee facturación declarada y habría perdido incluso su cobertura de riesgos laborales por falta de pago. Aun así, continúa figurando como una entidad legalmente constituida. Su domicilio coincide con el de otra firma de características similares, también sin actividad registrada, lo que refuerza las sospechas sobre su funcionamiento como estructura formal sin operaciones reales.
En este entramado aparece también el nombre de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de documentos vinculados a estas sociedades y tuvo participación como testigo en una causa relacionada con el tráfico de efedrina, un precursor químico utilizado en la elaboración de drogas sintéticas.
Todos estos elementos conforman un cuadro que, si bien se apoya en registros verificables, deja preguntas abiertas. Hasta el momento, no se conocen explicaciones públicas por parte de Adorni sobre su rol en la empresa, la naturaleza de su vínculo laboral, ni los motivos de su rápida proyección dentro del sindicato. En un contexto donde la transparencia es un valor en alza, estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia y alimentan el debate público.