Una serie de operaciones inmobiliarias y movimientos financieros colocaron en el centro de la escena al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación que busca esclarecer el origen y la evolución de su patrimonio desde su llegada al gobierno encabezado por Javier Milei.
El foco principal está puesto en la utilización de mecanismos poco habituales para la adquisición de propiedades. Según surge de la documentación analizada, el funcionario habría recurrido en más de una ocasión a préstamos privados otorgados por personas jubiladas, en lugar de acudir a entidades bancarias tradicionales. Estas operatorias, además, habrían contado con la intervención reiterada de la escribana Adriana Nechevenko, quien ahora deberá prestar declaración testimonial ante la Justicia.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza una serie de transacciones que incluyen la compra de inmuebles en distintos puntos del país. Entre ellas, se destacan operaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en un country de la provincia, en las que se habrían instrumentado hipotecas privadas por montos significativos. En algunos casos, las acreedoras registradas serían mujeres jubiladas, lo que despertó interrogantes sobre su rol en estas maniobras.
Uno de los puntos que más llama la atención es la adquisición de un departamento de grandes dimensiones en el barrio de Caballito. Según consta en registros oficiales, el inmueble habría sido comprado por un valor declarado considerablemente inferior al estimado en el mercado, lo que abre la posibilidad de que existan montos no registrados formalmente. Esta situación también involucra al anterior propietario, un exfutbolista que será convocado a declarar como testigo para aportar detalles sobre la transacción.
Además, la Justicia intenta determinar si algunas de las personas que figuran en las operaciones actuaron como prestanombres o si participaron directamente en las negociaciones. En este sentido, no se descarta que puedan ser citadas a declarar en distintas calidades, a medida que avance la investigación.
Otro aspecto relevante del expediente tiene que ver con la evolución patrimonial del funcionario y su entorno familiar. Se busca establecer si todas las propiedades adquiridas fueron debidamente declaradas y si los ingresos registrados resultan compatibles con las inversiones realizadas. Para ello, se solicitó información detallada a registros de la propiedad, consorcios y organismos fiscales, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de cada operación.
En paralelo, también se puso la lupa sobre los viajes al exterior realizados durante su gestión. Las autoridades analizan vuelos, reservas y medios de pago para determinar si se trató de viajes oficiales o personales, y cómo fueron financiados. Algunos desplazamientos, que incluyeron destinos internacionales y categorías de vuelo de alto costo, generaron dudas sobre su justificación económica.
En este contexto, la investigación avanza con múltiples medidas de prueba que buscan arrojar claridad sobre un entramado complejo. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático, a la espera de definiciones que permitan esclarecer si existieron irregularidades o si las operaciones se ajustaron al marco legal vigente.
