Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires terminó en momentos de tensión, denuncias de violencia y la detención de un docente durante una protesta protagonizada por estudiantes terciarios, secundarios y militantes de organizaciones de izquierda. El episodio ocurrió en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, donde los manifestantes se habían concentrado para reclamar por la situación educativa e iniciar una vigilia previa a la Marcha Federal Universitaria.

Durante el procedimiento, efectivos policiales rodearon a los participantes de la protesta, restringieron sus movimientos y se produjeron forcejeos y golpes. Entre las personas afectadas se encontraba Amanda Martín, legisladora porteña del Frente de Izquierda, quien fue arrastrada de los pelos durante el operativo, según las imágenes difundidas posteriormente.

Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a Rubén Posse, profesor del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. La detención provocó una inmediata reacción de los manifestantes, que se trasladaron hasta la comisaría para exigir su liberación. Finalmente, el docente recuperó la libertad.

La intervención policial generó preocupación entre estudiantes y militantes, algunos de los cuales denunciaron que permanecían retenidos sin poder abandonar el lugar. En videos difundidos en las redes sociales se escucharon reclamos y pedidos para que las personas encerradas dentro del perímetro policial pudieran salir.

La legisladora Alejandrina Barry, también integrante del Frente de Izquierda, cuestionó el accionar de los efectivos y denunció que los estudiantes habían sido encerrados en un espacio delimitado por la policía mientras reclamaban por el cierre de cursos educativos.

En las imágenes registradas durante el procedimiento también se observó un intercambio entre el responsable del operativo y los manifestantes. El jefe policial les reprochó un supuesto intento de interrumpir el tránsito, mientras que los participantes respondieron que se encontraban movilizados porque, según afirmaron, las autoridades no escuchaban sus reclamos.

El episodio volvió a poner en el centro de la discusión el uso de la fuerza durante las manifestaciones públicas y las condiciones en las que las fuerzas de seguridad intervienen ante las protestas sociales.

El conflicto universitario, detrás de la movilización

La protesta se desarrolló en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

La movilización se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores de la comunidad educativa, que exigen la aplicación de los recursos previstos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Horas antes de los incidentes, el juez federal Martín Cormick había dispuesto una sanción económica contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de esa normativa. La medida establecía una multa diaria de 100.000 pesos para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hasta que se avanzara en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

El magistrado también advirtió que tanto el monto como el alcance de la sanción podrían modificarse si persistía el incumplimiento de la ley.

La decisión judicial se sumó a una controversia que ya había escalado durante la semana anterior, cuando Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había reglamentado la ley de financiamiento universitario. La norma había quedado sin aplicación efectiva bajo el argumento oficial de que no existían partidas presupuestarias suficientes para garantizar su ejecución.

De esta manera, la disputa por el financiamiento de las universidades trascendió el ámbito administrativo y judicial para trasladarse nuevamente a las calles.

Una jornada marcada por el reclamo educativo

La detención del docente y las denuncias de violencia policial profundizaron el clima de tensión en la previa de la movilización universitaria. Estudiantes, docentes y representantes políticos reclamaban respuestas frente a los problemas que afectan al sistema educativo, mientras el Gobierno enfrentaba cuestionamientos por la implementación de la ley de financiamiento.

La vigilia en Callao y Corrientes buscaba anticipar una jornada de protesta que tendría como eje la defensa de la universidad pública y el reclamo por los recursos aprobados por el Congreso.

Los incidentes, sin embargo, incorporaron otro foco de preocupación: las denuncias sobre el trato recibido por los manifestantes durante el procedimiento policial y las circunstancias en las que se produjo la detención de Posse.

Así, la antesala de la Marcha Federal Universitaria quedó atravesada por dos conflictos relacionados, aunque diferentes: por un lado, la disputa política y judicial sobre el financiamiento de la educación superior; por otro, las denuncias por el accionar de las fuerzas de seguridad frente a quienes intentaban expresar sus reclamos en el espacio público.

En ese escenario, la movilización universitaria se presentaba como una nueva instancia de presión sobre las autoridades nacionales, mientras las organizaciones educativas insistían en la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones y el respeto al derecho a la protesta.