La tensión por el financiamiento de las universidades públicas volvió a ocupar el centro de la escena nacional. Cientos de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada y reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, además de un aumento en las Becas Progresar.
La protesta comenzó en el exterior del edificio y luego se trasladó al interior, donde se produjeron empujones entre manifestantes, personal de seguridad y efectivos de la Policía Federal. Una vez dentro, los estudiantes se sentaron en el hall y reclamaron una reunión con las autoridades educativas.
La movilización se produjo apenas un día después de un fallo de la Justicia Federal que declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 utilizado para condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, ordenó al Gobierno avanzar con la implementación de la norma y garantizar los recursos correspondientes a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.
El conflicto tiene como antecedente la aprobación de la Ley 27.795 por parte del Congreso en 2025. Luego del veto presidencial, ambas cámaras legislativas insistieron con la norma y lograron las mayorías necesarias para su promulgación. Posteriormente, el Poder Ejecutivo estableció mediante el decreto cuestionado una condición vinculada con la disponibilidad de partidas presupuestarias. La Justicia consideró que ese mecanismo no podía utilizarse para impedir la ejecución de una ley sancionada por el Congreso.
Durante la protesta, los estudiantes también reclamaron una actualización de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo, mayores recursos para residencias y comedores universitarios y políticas de salud mental destinadas a la comunidad estudiantil.
El pedido de los manifestantes fue acompañado por consignas que plantearon que el tiempo de espera se había agotado después de distintas movilizaciones, clases públicas, petitorios y otras acciones realizadas durante el último año.
La jornada terminó con el desalojo de los estudiantes del edificio. Según denunciaron los manifestantes, durante el operativo fueron utilizados escudos y gases lacrimógenos. El episodio elevó todavía más la tensión alrededor del conflicto universitario.
La protesta se inscribe, además, en un escenario de creciente movilización. Para el próximo 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo del financiamiento de las universidades y de una recomposición para docentes y trabajadores no docentes.
De esta manera, el enfrentamiento por los recursos destinados a la educación superior suma un nuevo capítulo. Mientras el Gobierno debe afrontar las consecuencias del reciente fallo judicial, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios preparan nuevas medidas de fuerza para exigir que la legislación aprobada por el Congreso se traduzca en recursos concretos para las instituciones y quienes estudian en ellas.