La interna sindical atraviesa horas de fuerte tensión ante el avance del proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional planea tratar en sesiones extraordinarias el próximo 11 de febrero. Los gremios industriales comenzaron a presionar abiertamente a la conducción de la CGT para que abandone la estrategia de negociación y convoque a medidas de fuerza concretas, incluida una movilización y un paro previo al debate parlamentario. En ese marco, los sindicatos industriales convocaron a un encuentro para definir los pasos a seguir y endurecer su postura frente al Ejecutivo.
Desde este sector, consideran que la reforma laboral es claramente regresiva y representa una amenaza directa a los derechos conquistados por los trabajadores. Si bien dentro de la CGT existe un diagnóstico compartido sobre el impacto negativo del proyecto, las diferencias aparecen a la hora de definir la estrategia. La cúpula cegetista apuesta, al menos por ahora, a mantener canales de diálogo con gobernadores, legisladores y funcionarios nacionales, sin descartar una eventual judicialización posterior. Los gremios industriales, en cambio, sostienen que el margen para negociar está agotado.
Uno de los referentes más enfáticos de esta postura es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, quien advirtió que algunos gobernadores estarían intercambiando su apoyo político por obras o fondos, a costa de los derechos laborales. Según planteó, este tipo de negociaciones no puede naturalizarse ni realizarse a espaldas de los trabajadores. Desde su mirada, el paro debe realizarse antes de que el proyecto sea aprobado, para evitar discutir medidas cuando el daño ya esté consumado.
Furlán también puso el foco en las consecuencias concretas que tendría la reforma para el sector metalúrgico. Explicó que la UOM agrupa a unas 16 mil empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, y que la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos obligaría a renegociar miles de acuerdos laborales, dejando a los trabajadores pymes en una situación de extrema vulnerabilidad. Para los industriales, el texto de la ley no admite correcciones parciales: consideran que es perjudicial de principio a fin.
A esta postura se suman otros dirigentes como Ricardo Pignanelli, de SMATA, y Daniel Yofra, del gremio de Aceiteros, quien fue aún más duro con la conducción de la CGT. Yofra cuestionó la falta de reacción de la central obrera y sostuvo que la inactividad de algunos dirigentes debilita a la clase trabajadora, al relegar la huelga como herramienta histórica de defensa de derechos.
No todos los sectores sindicales acompañan esta línea. Los gremios del transporte, por ejemplo, consideran que los industriales avanzan de manera unilateral y aún no definieron si apoyarán medidas de fuerza. Desde la conducción de la CGT, el triunviro Jorge Sola reconoció que crece la preocupación, especialmente entre los trabajadores jóvenes, por el contenido del proyecto, al que describió como una iniciativa que profundiza la precarización y elimina derechos constitucionales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre eventuales acciones gremiales.
Mientras el debate se intensifica, el movimiento obrero enfrenta una encrucijada clave: insistir en el diálogo institucional o avanzar hacia una confrontación abierta. El desenlace de esta disputa interna podría marcar el rumbo de la respuesta sindical frente a una reforma que promete reconfigurar el mapa laboral del país.
