El debate por la propiedad de las tierras rurales en Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena política. Tras un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de La Plata y puso el foco en la vigencia de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, sectores de la oposición comenzaron a preparar una nueva estrategia parlamentaria para intentar restablecer los límites establecidos por la Ley de Tierras.
La principal iniciativa apunta al Congreso. El peronismo busca impulsar una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, firmado por el presidente Javier Milei. Ese decreto modificó numerosas normas y, entre otros puntos, dejó sin efecto el artículo de la Ley de Tierras que establecía restricciones a la propiedad rural extranjera.
El escenario tiene un antecedente importante: en marzo de 2024, el Senado rechazó el DNU, pero la Cámara de Diputados nunca reunió los votos necesarios para completar su derogación. Por eso, la oposición considera que el próximo paso decisivo se encuentra en la Cámara baja.
La posibilidad que comenzó a tomar forma es convocar una sesión para el 15 de octubre. La fecha tendría además un fuerte componente político y social, ya que coincidiría con una nueva movilización universitaria a nivel nacional. La intención de los sectores opositores es vincular ambos reclamos y generar una jornada de movilización alrededor del Congreso y otros puntos del país.
En paralelo, dentro del Senado se analiza una alternativa más específica: derogar únicamente el artículo 154 del DNU 70/23, con el objetivo de restablecer la Ley de Tierras. La normativa original establecía, entre otras restricciones, que la propiedad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15 por ciento del territorio nacional ni determinados límites provinciales.
La discusión generó reacciones en distintos sectores políticos, sindicales y sociales. Dirigentes de Unión por la Patria reclamaron avanzar con una respuesta parlamentaria, mientras que representantes de otros espacios opositores también cuestionaron la modificación de las restricciones sobre tierras rurales. La CGT, por su parte, manifestó su rechazo al levantamiento de esos límites y reclamó al Congreso que restablezca la legislación anterior.
Desde otros sectores políticos también surgieron críticas al fallo y llamados a que el Congreso defina el futuro de la normativa. Sin embargo, la posibilidad de reunir los votos necesarios en Diputados continúa siendo uno de los principales obstáculos para la oposición.
Mientras tanto, el Gobierno nacional intenta ordenar una agenda legislativa que incluye otros temas de relevancia, como el Presupuesto, las PASO y distintas iniciativas vinculadas con la política exterior y la cuestión de las Islas Malvinas. En ese contexto, el debate sobre la propiedad de tierras rurales suma una nueva disputa institucional.
Javier Milei se refirió al pronunciamiento judicial y sostuvo que la Corte debe resolver de acuerdo con su interpretación de la Constitución. El Presidente buscó diferenciarse de la controversia y evitó realizar una evaluación política del contenido del fallo.
Más allá de la discusión sobre la Ley de Tierras, la decisión judicial también podría tener consecuencias sobre futuros procesos contra decretos del Poder Ejecutivo. La Corte estableció criterios vinculados con la legitimación necesaria para presentar determinadas demandas colectivas. En términos procesales, esto significa que quienes pretendan cuestionar judicialmente una norma deberán demostrar que existe un caso concreto que los habilite a intervenir ante los tribunales.
De esta manera, el conflicto por la extranjerización de las tierras se trasladó nuevamente al terreno legislativo. El próximo desafío para la oposición será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para llevar el tema al recinto y reunir los votos suficientes. Del otro lado, el oficialismo deberá definir cómo responder a una discusión que combina intereses económicos, legislación sobre tierras, soberanía territorial y una disputa política que promete extenderse durante las próximas semanas.