Los dólares de Caputo y las preguntas que quedaron sin respuesta en la Universidad Di Tella

La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Universidad Torcuato Di Tella generó un debate que fue mucho más allá de su exposición ante estudiantes. En un encuentro organizado por una agrupación vinculada al pensamiento libertario, el funcionario habló sobre la necesidad de que los argentinos utilicen sus ahorros en dólares, pero evitó quedar expuesto a una de las preguntas más incómodas que surgían de sus propias declaraciones patrimoniales: ¿por qué no repatria sus fondos y da el ejemplo que les reclama a los ciudadanos?

La actividad se desarrolló a comienzos de semana en un salón central de la institución, donde Caputo presentó su visión sobre la economía y el rumbo del Gobierno de Javier Milei. El auditorio siguió con atención los argumentos del ministro y acompañó con risas algunos de sus comentarios. Sin embargo, las preguntas que podrían haber generado mayor tensión no aparecieron durante la jornada.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando el titular del Palacio de Hacienda instó a los argentinos a sacar los dólares que mantienen guardados fuera del sistema financiero. En un mensaje dirigido especialmente a quienes conservan sus ahorros en efectivo, Caputo pidió que intentaran convencer a sus padres de utilizar ese dinero, porque todavía existe temor y desconfianza hacia las instituciones.

La declaración cobró especial relevancia luego de que se conociera su Declaración Jurada, donde se consignó que más del 95 por ciento de sus activos se encontrarían en el exterior, principalmente en jurisdicciones consideradas de baja tributación. Esa información abrió interrogantes sobre la coherencia entre el discurso oficial y las decisiones financieras personales del ministro.

La cuestión no pasa únicamente por saber dónde están depositados sus ahorros. El debate se concentra en la confianza que el Gobierno pretende generar en la población para que los dólares ingresen al sistema económico. Si se les pide a los ciudadanos que abandonen la seguridad de guardar dinero en efectivo, resulta inevitable preguntar si quienes conducen la política económica están dispuestos a hacer lo mismo con sus propios recursos.

Detrás de la organización del encuentro aparece el Club de las Finanzas, una agrupación estudiantil identificada con las ideas de La Libertad Avanza. El espacio reúne a jóvenes de las carreras de Economía y Negocios y mantiene un grupo de WhatsApp con más de 1.500 integrantes, según las versiones difundidas sobre su actividad. También cuenta con la participación de docentes reconocidos, entre ellos Guido Sandleris, quien presidió el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

La actividad generó además cuestionamientos por los vínculos políticos de sus organizadores. La universidad se desligó de la responsabilidad institucional directa y señaló que se trató de una iniciativa de estudiantes. Mientras tanto, sectores del ámbito académico y político plantearon dudas sobre la cercanía de la agrupación con funcionarios del área económica y sobre la posibilidad de que recibiera financiamiento oficial.

La historia del grupo se remonta a la política estudiantil de la institución. Dos años atrás, la agrupación Menem, de orientación libertaria, había ganado el centro de estudiantes. Con el tiempo, una parte de sus integrantes se separó para conformar un sector más radicalizado, que terminó impulsando la invitación a Caputo. Los sectores que permanecieron dentro de la agrupación original observaron con desconfianza el crecimiento de sus antiguos compañeros y sus presuntos vínculos con el poder.

En medio de este escenario, la visita del ministro dejó planteado un interrogante que continúa abierto. Mientras el Gobierno busca convencer a la sociedad de que es momento de poner los dólares en circulación, la situación patrimonial de su principal responsable económico alimenta dudas sobre la confianza, la transparencia y el ejemplo que ofrecen quienes toman las decisiones.

La discusión, en definitiva, no se limita a una clase universitaria ni a una declaración polémica. Se trata de una pregunta de fondo sobre la credibilidad de la política económica: ¿puede un funcionario pedirle a la sociedad que confíe en el sistema mientras mantiene la mayor parte de sus propios activos fuera del país?

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