La propiedad de las tierras rurales en Argentina volvió a instalarse como uno de los temas más sensibles del debate público. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una mayor apertura a las inversiones privadas y busca flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, distintos especialistas advierten sobre el creciente nivel de extranjerización en zonas consideradas estratégicas por su riqueza en recursos naturales, reservas de agua, potencial minero y ubicación geográfica.
Actualmente, alrededor de 13 millones de hectáreas del territorio rural argentino se encuentran en manos de empresas o inversores extranjeros, una superficie equivalente a más del cinco por ciento del país. Estados Unidos, Italia y España concentran más de la mitad de esas tierras, aunque también existe una importante presencia de capitales provenientes de Chile, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y sociedades registradas en paraísos fiscales.
Desde 2011 rige en Argentina la Ley de Tierras Rurales, una norma que establece que los extranjeros no pueden superar el 15 por ciento de la superficie rural nacional ni de cada provincia o departamento. Sin embargo, diversos relevamientos indican que existen al menos 36 departamentos donde ese límite ya fue ampliamente superado.
Entre los casos más llamativos aparecen Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en la provincia de La Rioja; y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos, donde más de la mitad de las tierras rurales pertenece a propietarios extranjeros. Se trata de regiones caracterizadas por la abundancia de agua dulce, recursos minerales y ecosistemas de gran valor ambiental.
Especialistas que analizaron información oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública sostienen que existe un patrón común en la ubicación de estos grandes enclaves. La mayoría se concentra en áreas fronterizas, sectores de la Cordillera de los Andes o zonas atravesadas por importantes cursos de agua, lugares donde convergen intereses vinculados a la minería, la explotación forestal, la actividad agroexportadora y el acceso a corredores logísticos.
En Misiones, por ejemplo, la participación de capitales extranjeros se acerca al límite legal provincial y cinco de sus departamentos ya lo superan. Allí predominan empresas forestales dedicadas al monocultivo de pinos, actividad que, según distintos estudios, ha transformado extensas áreas de bosque nativo y generado tensiones con pequeños productores y comunidades locales.
Otro de los casos más conocidos se encuentra en Chubut, donde grandes extensiones permanecen bajo propiedad de inversores italianos. En el departamento de Cushamen y otras zonas cordilleranas, la concentración de tierras ha estado asociada durante años a conflictos sociales, reclamos de comunidades originarias y disputas por el acceso al agua y a los recursos naturales.
La situación también se repite en la región del río Paraná. Departamentos ubicados en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Misiones registran elevados niveles de participación extranjera, impulsados principalmente por empresas vinculadas al comercio exterior, la producción agroindustrial y la operación de puertos estratégicos sobre la principal vía fluvial del país.
En el norte argentino, Salta concentra cerca del 11 por ciento de sus tierras rurales en manos de compañías internacionales. Varias de ellas desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras sobre extensas superficies. En Mendoza, particularmente en Malargüe, la presencia de capitales extranjeros también resulta significativa en proyectos relacionados con la extracción de minerales como uranio, cobre, oro, hierro y potasio, en una región donde además existen importantes reservas glaciares.
La misma tendencia se observa en Iglesia, en San Juan; Tinogasta, en Catamarca; y General Lamadrid, en La Rioja, departamentos donde la participación extranjera supera ampliamente los promedios nacionales y coincide con el desarrollo de proyectos mineros ubicados cerca de ambientes glaciares y periglaciares, considerados fundamentales para la conservación de las reservas de agua.
En este contexto, la discusión trasciende la cuestión económica y abre interrogantes sobre el control de recursos estratégicos, la planificación territorial y la protección ambiental. Mientras el Gobierno sostiene una política favorable a una mayor apertura para las inversiones, distintos sectores académicos y sociales plantean la necesidad de revisar el impacto que la creciente concentración de tierras puede tener sobre las economías regionales, las comunidades locales y la administración de recursos considerados esenciales para el desarrollo futuro del país.
