El conflicto salarial docente continúa intensificándose en distintas regiones del país y amenaza con profundizar la tensión en el sistema educativo. A partir del 11 de marzo, maestros de varias provincias anunciaron nuevas medidas de fuerza en los niveles de educación obligatoria estatal, en reclamo de mejoras salariales y mayor inversión en el sector.
El malestar se inscribe en un contexto marcado por cambios en las políticas educativas durante la gestión del presidente Javier Milei. Uno de los puntos más cuestionados por los gremios fue la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo de Argentina mediante el decreto 341/2025, una norma que desde 2005 establecía un piso de inversión equivalente al seis por ciento del Producto Bruto Interno destinado al sistema educativo. Según sostienen los sindicatos, la eliminación de esa garantía de financiamiento agravó la situación salarial de miles de docentes.
En este escenario, trabajadores de la educación de provincias como Jujuy, Catamarca, Tucumán, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tierra del Fuego y Río Negro anunciaron paros y protestas. Los gremios aseguran que en gran parte del país los salarios docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que ha generado un fuerte clima de descontento en las escuelas.
Frente a esta situación, un grupo de legisladores de la oposición presentó en el Congreso un proyecto denominado “Fortalecimiento Salarial Educativo”. La iniciativa fue impulsada por el diputado Nicolás Trotta y cuenta con el respaldo de más de veinte legisladores de distintos bloques. El proyecto propone otorgar complementos salariales a docentes, directivos y personal no docente de la educación obligatoria estatal, con compensaciones adicionales para quienes trabajan en escuelas ubicadas en contextos vulnerables.
Para financiar la propuesta, el proyecto plantea destinar el uno por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, fondos que el Estado suele reservar para atender situaciones de emergencia. Según los impulsores de la iniciativa, también podrían utilizarse recursos que no fueron ejecutados durante 2025 para la reparación y el mantenimiento de infraestructura escolar en las distintas provincias.
El conflicto docente ya había tenido un fuerte impacto al inicio del calendario escolar. El 2 de marzo debía comenzar el ciclo lectivo en gran parte del país, pero el arranque de clases se vio afectado por un paro nacional convocado por la Unión Docentes Argentinos y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, con adhesión de numerosos sindicatos provinciales.
El reclamo se sustenta, además, en datos oficiales. Un informe del Ministerio de Capital Humano de Argentina publicado a fines del año pasado indicó que en 19 de las 24 jurisdicciones del país los salarios docentes estatales se encuentran por debajo del nivel que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina establece como línea de pobreza. Solo cinco provincias —Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— registran salarios que superan ese umbral.
Mientras tanto, los conflictos salariales continúan desarrollándose en distintas jurisdicciones. En Corrientes, el gobierno provincial encabezado por Juan Pablo Valdés mantiene negociaciones con los sindicatos sin lograr un acuerdo. Tras un paro con altos niveles de adhesión, los gremios rechazaron la última propuesta salarial del seis por ciento al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba también rechazó la oferta presentada por el gobierno provincial y anunció un paro de 24 horas con movilización si no aparece una propuesta superadora.
En tanto, en Río Negro el gremio docente UnTER exigió la convocatoria urgente a una nueva paritaria. Los representantes sindicales advirtieron que, si no hay avances en las negociaciones, podrían realizar nuevas jornadas de paro durante marzo.
Un panorama similar se vive en San Juan, donde los sindicatos UDAP y AMET convocaron a un paro de 48 horas tras rechazar la última propuesta salarial del gobierno provincial.
Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires logró alcanzar un acuerdo con el Frente de Unidad Docente Bonaerense que contempla un aumento del nueve por ciento en tres tramos y el pago de una bonificación adicional.
De esta manera, el mapa educativo argentino atraviesa un momento de fuerte tensión. Las negociaciones continúan abiertas en varias provincias, pero el clima de protesta se mantiene activo, con gremios que advierten que las medidas de fuerza podrían intensificarse si no aparecen respuestas concretas a los reclamos salariales del sector.
