La presentación de una nueva prueba documental volvió a poner en el centro del debate la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Sus abogados sostienen que una planilla de pagos de obras públicas podría cuestionar uno de los principales argumentos utilizados para atribuirle un supuesto favorecimiento al empresario Lázaro Báez y a su empresa Austral Construcciones.

El documento fue presentado durante el juicio Cuadernos por Darío Andrés Levy, un exempleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional. Se trata de un registro que detalla la distribución de fondos provenientes de un fideicomiso destinado al financiamiento de obras viales, creado a partir de un impuesto a los combustibles y habilitado mediante el decreto 54/2009.

De acuerdo con el análisis difundido por la defensa de la expresidenta, los pagos realizados a las empresas de Báez representaron apenas el 0,85 por ciento del total de los fondos distribuidos. El 99,15 por ciento restante habría correspondido a otras constructoras que participaron de los desembolsos.

El dato adquiere especial relevancia porque, según la acusación que derivó en la condena, el decreto presidencial habría sido utilizado para beneficiar a Austral Construcciones. Sin embargo, la planilla presentada por Levy mostraría que esa empresa no estuvo entre las principales receptoras de los recursos.

Entre las compañías que recibieron mayores montos aparece Iecsa, vinculada a Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Según los números expuestos por los abogados, durante los seis años analizados, entre 2009 y 2015, Austral Construcciones habría percibido alrededor de 18 millones de dólares, frente a un total de 2.200 millones de dólares distribuidos entre las constructoras. En el mismo período, Iecsa habría recibido aproximadamente 360 millones de dólares.

La defensa considera que esta información puede modificar la interpretación de los hechos y cuestiona que durante el proceso judicial no se haya realizado una pericia integral sobre las obras viales ejecutadas en todo el país. El objetivo de ese estudio, reclamado por los abogados, era comparar los contratos de Santa Cruz con los adjudicados en otras provincias para determinar si existieron diferencias relevantes.

La causa Vialidad comenzó con acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la construcción de rutas, pagos por trabajos que no se habrían realizado y una supuesta concentración de obras en Santa Cruz. Con el avance del juicio, la discusión se concentró en la utilización del decreto 54/2009 y en la presunta existencia de un esquema de favorecimiento a empresas vinculadas con Báez.

Los abogados también cuestionaron otra acusación conocida como “plan borrar todo”, que señalaba que, antes de finalizar el mandato presidencial en diciembre de 2015, se habría producido una reunión entre Cristina Kirchner y Báez junto con un pago de 500 millones de dólares para cancelar deudas del Estado con Austral Construcciones.

Según la defensa, tanto la reunión como el supuesto desembolso fueron desmentidos durante el proceso. Además, la nueva planilla mostraría que no hubo pagos a las empresas de Báez durante 2013, 2014 y 2015, un dato que consideran relevante para cuestionar la hipótesis de una cancelación de deudas al final de la gestión.

A partir de esta documentación, los representantes legales de la expresidenta anticiparon que incorporarán la prueba a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También evalúan solicitar una revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El planteo vuelve a abrir una discusión sobre el alcance de la condena, la valoración de las pruebas y la necesidad de analizar de manera integral la distribución de los fondos públicos. Para la defensa, los nuevos elementos debilitan el argumento central del fallo. La controversia judicial, mientras tanto, continúa abierta y queda pendiente el análisis que puedan realizar los tribunales sobre la relevancia de esta documentación.