Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei avanza en otro frente que comienza a generar preocupación en el ámbito académico. Se trata de un nuevo proyecto de financiamiento universitario para 2026 que, según advierten sectores sindicales y autoridades universitarias, modificaría de raíz los criterios establecidos por la actual Ley 27.795, aprobada por el Congreso en octubre pasado.
El punto más sensible del texto oficial es la incorporación de una cláusula gatillo “selectiva”. A diferencia de la normativa vigente, que contempla mecanismos de actualización más amplios, la nueva propuesta establece que las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y hospitales universitarios solo se ajustarán automáticamente si la inflación anual supera el 14,3%. Sin embargo, ese esquema no incluye a los salarios docentes y no docentes.
En términos prácticos, esto implicaría que los fondos para sostener edificios, servicios y estructuras sanitarias podrían actualizarse bajo ciertas condiciones, pero los sueldos del personal quedarían sin una garantía automática frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. El proyecto reemplaza el criterio actual —que aseguraba que ninguna recomposición mensual fuera inferior a la inflación— por tres incrementos fijos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026. Estos aumentos no serían acumulativos y se calcularían sobre los básicos de diciembre de 2025, estableciendo un tope anual del 12,3%.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), su secretario general, Emiliano Cagnacci, advirtió que el esquema no compensa la pérdida salarial acumulada. Según explicó, fijar paritarias trimestrales sin un piso atado a la inflación convierte la negociación en un mecanismo donde los incrementos quedan sujetos a decisiones administrativas, sin una garantía real de recuperación del poder adquisitivo.
Otro de los puntos en debate es la situación de las becas Progresar y Manuel Belgrano. El nuevo texto elimina la fórmula de actualización automática prevista en la ley vigente, que establecía ajustes según la variación acumulada del IPC desde diciembre de 2023. Actualmente, el monto de las becas ronda los 28.000 pesos, y con la modificación propuesta quedaría atado a la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Capital Humano, sin un mecanismo obligatorio de recomposición.
En cuanto al sistema de salud universitario, el Ejecutivo asignó una partida específica superior a los 80 mil millones de pesos. Para los gremios, este refuerzo representa un reconocimiento implícito de que el presupuesto anterior resultaba insuficiente para sostener el funcionamiento básico.
El debate también tiene una dimensión jurídica. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que la referencia debe seguir siendo la ley aprobada por el Congreso, fruto de un acuerdo amplio entre universidades y actores sociales. En cambio, desde sectores sindicales interpretan que el nuevo proyecto busca cerrar el conflicto legal abierto por la falta de aplicación plena de la norma vigente y reemplazarla por un esquema alineado con la política de “déficit cero”.
Así, el eje de la discusión no se limita a números y porcentajes. Lo que se pone en juego es el modelo de financiamiento universitario y el alcance de las garantías establecidas por ley. Mientras la atención pública se concentra en otros debates, el sistema universitario enfrenta una redefinición que podría marcar su rumbo en los próximos años.