La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

El conflicto se originó después de que el Congreso sancionara la Ley 27.795 y que el presidente Javier Milei decidiera vetarla en su totalidad. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron con la norma y reunieron los dos tercios de los votos exigidos por la Constitución Nacional para dejar sin efecto el veto presidencial.

Ante esa situación, el Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero estableció que su aplicación quedaría suspendida hasta que se incorporaran al Presupuesto Nacional las partidas necesarias para financiarla. Ese mecanismo fue cuestionado por las universidades, que consideraron que el Gobierno no podía utilizar un decreto para postergar la ejecución de una ley que había sido ratificada por el Congreso con una mayoría especial.

El Consejo Interuniversitario Nacional impulsó entonces una acción judicial y solicitó medidas para garantizar la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además del financiamiento de las becas universitarias.

En diciembre, el juez Cormick había dictado una medida cautelar y ordenado al Gobierno cumplir con esas obligaciones. La decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, meses más tarde, quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema.

Durante ese período, el Gobierno y las universidades alcanzaron un principio de acuerdo para aplicar una recomposición salarial del 24,33 por ciento. El esquema contemplaba una parte del aumento durante junio y otro porcentaje en octubre. Sin embargo, desde el sector universitario se planteó que esa actualización no resolvía la totalidad del deterioro acumulado en los salarios ni otros compromisos establecidos por la ley.

Ante los reiterados incumplimientos denunciados, Cormick volvió a intimar al Gobierno para que efectuara los pagos correspondientes y advirtió incluso sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas a los funcionarios responsables si continuaban las demoras.

Ahora, el magistrado avanzó sobre la cuestión de fondo y sostuvo que el decreto 759/2025 resulta incompatible con la Constitución. El argumento central es que el Poder Ejecutivo no puede utilizar una disposición administrativa para suspender, en los hechos, una ley que fue aprobada por el Congreso después de que este cuerpo legislativo rechazara el veto presidencial.

Según el razonamiento judicial, la Constitución establece mecanismos específicos para el tratamiento de los vetos y no contempla que el Presidente pueda promulgar una ley y, al mismo tiempo, dejar suspendida su aplicación. Para el juez, esa decisión habría generado una suerte de nuevo mecanismo de veto que no está previsto en la Carta Magna.

Otro de los puntos analizados fue la cuestión presupuestaria. El fallo sostiene que las decisiones vinculadas al gasto público no quedan fuera del control de la Justicia cuando existe una posible vulneración de derechos. En ese sentido, se consideró que el costo de implementar la ley durante 2025 representaba una proporción limitada del Producto Bruto Interno proyectado.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de suspender una norma argumentando la falta de partidas presupuestarias cuando, según el análisis judicial, existen mecanismos legales para abordar esa situación.

El Gobierno anticipó que apelará el fallo, por lo que la disputa continuará en instancias superiores. Mientras tanto, el conflicto universitario mantiene su dimensión política y social, con una nueva movilización en defensa de la educación pública prevista para el 15 de octubre.

La controversia, así, no se limita únicamente a salarios y becas. En el centro de la discusión aparece una cuestión institucional de mayor alcance: hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo cuando una ley fue aprobada por el Congreso y ratificada con las mayorías especiales que establece la Constitución. El resultado de esta disputa podría convertirse en un antecedente relevante para futuras relaciones entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y las universidades públicas.