La situación de los vendedores ambulantes volvió a generar tensión en el centro de la ciudad, luego de que varias trabajadoras recibieran una intimación para abandonar el lugar donde desarrollan su actividad. El conflicto se concentra sobre avenida Rivadavia, casi en la esquina de San Martín, y abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de regular la venta en la vía pública.
De acuerdo con lo informado por representantes de la organización que acompaña a las trabajadoras, las mujeres recibieron una notificación con un plazo de 72 horas para retirar sus puestos. La medida habría sido consecuencia de una denuncia presentada por un comerciante de la zona, aunque desde el sector cuestionaron la decisión por considerarla sorpresiva y desproporcionada frente a la realidad económica que atraviesan muchas familias.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular plantearon que el desalojo no representa una solución de fondo. La organización sostiene que quienes trabajan en la calle recurren a esta actividad principalmente por la falta de oportunidades laborales y que quitarles el espacio sin ofrecer una alternativa implicaría dejarlos directamente sin ingresos.
El conflicto se encuentra atravesado, además, por una normativa municipal que actualmente prohíbe la comercialización en la vía pública. Los trabajadores reconocen la existencia de esa ordenanza, pero reclaman que el municipio avance hacia un esquema de regulación que permita compatibilizar el derecho al trabajo con el uso ordenado del espacio público.
Según señalaron desde el sector, durante los últimos años hubo distintos intentos de diálogo con autoridades y concejales para encontrar una solución. Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a traducirse en una normativa concreta que establezca condiciones claras para el funcionamiento de los vendedores ambulantes.
La propuesta que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa consiste en establecer sectores específicos y regulados para desarrollar la actividad. La intención es que los puestos puedan funcionar en lugares determinados, sin bloquear el paso de los peatones ni generar conflictos con los comercios, viviendas u otros usuarios de la vía pública.
Desde la organización consideran que una regulación permitiría establecer reglas claras para todos. Entre las posibles condiciones podrían contemplarse horarios, ubicación de los puestos, dimensiones, higiene y mecanismos de control. De esa manera, se buscaría evitar tanto la ocupación desordenada de las calles como la eliminación de una fuente de ingresos para trabajadores que aseguran no contar con otras alternativas.
El conflicto podría escalar si las intimaciones alcanzan a más vendedores. En ese escenario, el sector anticipó la posibilidad de realizar una movilización para acompañar a los trabajadores afectados y trasladar el reclamo al Concejo Deliberante.
La discusión, en definitiva, vuelve a enfrentar dos necesidades que deben encontrar un punto de equilibrio: por un lado, el ordenamiento del espacio público y el cumplimiento de las normas municipales; por otro, la necesidad de garantizar una fuente de ingresos para quienes dependen de la venta callejera.
Mientras el municipio evalúa los próximos pasos, los vendedores reclaman una instancia formal de diálogo. El objetivo, según plantean, no es desconocer las normas vigentes, sino avanzar hacia una regulación que contemple la realidad económica de los trabajadores y permita desarrollar la actividad bajo condiciones previamente acordadas.
El desafío será encontrar una salida consensuada que evite nuevos conflictos y permita ordenar la actividad sin convertir el cumplimiento de una normativa en una situación de mayor vulnerabilidad para quienes dependen diariamente de esos ingresos.
