El Gobierno nacional acelera su plan de privatización de empresas estatales y deja en claro que la venta del patrimonio público ocupa un lugar central en la agenda de la gestión de Javier Milei. En línea con los compromisos asumidos ante organismos internacionales y con su programa económico, el oficialismo dio nuevos pasos esta semana al transformar una serie de empresas públicas en Sociedades Anónimas, un movimiento clave para facilitar su futura privatización o concesión.
Entre las decisiones más recientes se destaca la conversión de Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima, una medida que se suma a la misma transformación aplicada a la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares y al sistema de medios públicos, que incluye a la agencia Télam, entre otras. En total, este primer paquete alcanza a unas once empresas estratégicas. De este modo, mientras el Ejecutivo proyecta impulsar en los próximos años reformas estructurales de fondo —como la laboral, la tributaria, la penal y, más adelante, la previsional—, también avanza con una nueva etapa privatizadora.
La estrategia oficial apunta a cerrar el año 2025 con el terreno allanado para concretar estas operaciones. En ese marco, la Inspección General de Justicia completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado Nacional en Sociedades Anónimas “comunes”, dejándolas formalmente listas para ser vendidas. El organismo actuó en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía y será la encargada de continuar con el proceso de privatización.
Dentro del listado de empresas ya transformadas se encuentran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Edu.Ar y Ferrocarriles Argentinos, entre otras. A partir de ahora, todas quedarán sujetas a la Ley General de Sociedades, en igualdad de condiciones con firmas privadas y sin prerrogativas estatales especiales, según la visión del oficialismo.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas está a cargo de Diego Chaher y funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. Esta área fue trasladada desde la Jefatura de Gabinete con el objetivo de concentrar en Economía el control del proceso privatizador y dotarlo de mayor poder político y operativo.
Algunas privatizaciones ya cuentan con aval legislativo, tras la sanción de la Ley Bases. En ese marco, se habilitó la privatización parcial de Energía Argentina e Intercargo, y se autorizó la privatización o concesión de empresas como AySA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Sin embargo, el Gobierno también busca avanzar sobre otras firmas que no obtuvieron el visto bueno del Congreso, utilizando distintos mecanismos legales para reducir o desarmar su estructura estatal.
Desde el entorno presidencial no ocultan que el objetivo final es avanzar hacia una privatización casi total del Estado empresario. No obstante, aún quedan empresas emblemáticas cuya venta requeriría una nueva ley y mayorías parlamentarias, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el Banco Nación o el Correo Argentino.
El proceso no está exento de polémicas. Sectores de la oposición advierten que, pese a la conversión en Sociedades Anónimas, la legislación vigente obliga al Estado a conservar la mayoría accionaria, salvo que el Congreso autorice expresamente lo contrario. Aun así, desde la Casa Rosada persiste la decisión de avanzar, incluso sorteando resistencias políticas e institucionales.
Así, la transformación de las empresas públicas en Sociedades Anónimas marca un punto de inflexión en la política económica actual y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado, el futuro de los servicios públicos y el impacto social de un proceso privatizador de gran escala.