Un grupo de diputados pidió abrir una investigación formal sobre el funcionamiento de las billeteras virtuales y otros proveedores de servicios financieros no bancarios, ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas y condiciones crediticias que podrían resultar perjudiciales para los usuarios.
La presentación apunta a determinar si algunas de las principales plataformas digitales del mercado incurrieron en conductas contrarias a las normas de defensa de la competencia y protección de los consumidores. Entre las empresas mencionadas se encuentran Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay.
El planteo surge en un contexto marcado por el creciente uso de aplicaciones financieras para cubrir gastos cotidianos y acceder a préstamos de corto plazo. La preocupación central está relacionada con el nivel de endeudamiento de los argentinos y con las tasas de interés que pueden alcanzar algunos créditos ofrecidos a través de estas plataformas.
Los legisladores que impulsaron el pedido advirtieron que la pérdida de poder adquisitivo obliga a muchas familias a recurrir al financiamiento digital para afrontar gastos básicos. En ese escenario, cuestionaron especialmente los casos en los que las tasas efectivas podrían alcanzar niveles extremadamente elevados, dificultando la posibilidad de cancelar las obligaciones.
La investigación solicitada abarcaría un universo mucho más amplio que las empresas inicialmente mencionadas. El objetivo es analizar la situación de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas, que cuentan con autorización para operar.
Uno de los principales puntos de preocupación es la cantidad de información que estas plataformas reúnen sobre sus usuarios. Las aplicaciones no solamente procesan pagos, sino que también almacenan datos sobre ingresos, consumos, movimientos de dinero y comportamiento financiero. Esa información puede ser utilizada para definir quién accede a un crédito, cuánto puede recibir y bajo qué condiciones.
Por ese motivo, se pidió analizar los algoritmos y sistemas de scoring empleados para asignar préstamos. La intención es establecer si los datos transaccionales son utilizados para determinar tasas diferenciadas de manera injustificada o si generan situaciones de dependencia que dificultan que los usuarios puedan cambiar de proveedor.
También se solicitó recopilar información sobre las tasas efectivas anuales y los costos financieros totales aplicados durante los últimos 24 meses. A esto se sumarían datos sobre niveles de morosidad y endeudamiento, con el objetivo de establecer diferencias entre las distintas entidades y compararlas con los valores promedio del mercado.
Otro aspecto señalado es la portabilidad de la información financiera. La falta de mecanismos adecuados para trasladar el historial transaccional y la reputación crediticia de una plataforma a otra podría convertirse, según el planteo, en una barrera para la competencia.
La investigación también pretende determinar si existen obstáculos para el ingreso de nuevos competidores y si las empresas con mayor presencia en el mercado aprovechan su posición para imponer condiciones desfavorables.
El pedido contempla la posible intervención de especialistas en economía e informática para auditar los sistemas utilizados por las plataformas. En caso de comprobarse irregularidades, se solicitaría el cese de las prácticas cuestionadas y la aplicación de las sanciones correspondientes.
De esta manera, las billeteras virtuales quedan bajo una lupa que excede las tasas de interés. El debate apunta también al manejo de datos, la competencia, la transparencia de los créditos digitales y el impacto que el crecimiento del financiamiento mediante aplicaciones tiene sobre millones de usuarios.