Fernando Cerimedo afrontará una audiencia decisiva en Bolivia, donde la Justicia deberá definir si continúa detenido mientras avanza la investigación por el ataque a balazos sufrido por Nadia Beller, su expareja. La Fiscalía solicitará que el consultor permanezca en prisión preventiva durante 180 días, mientras que su defensa intentará conseguir la libertad o, como alternativa, el arresto domiciliario.
La audiencia está prevista para este jueves a las 14.30, hora de Bolivia, y se desarrollará ante el juez de instrucción penal número 20 de Santa Cruz de la Sierra. En principio, la principal acusación es por tentativa de femicidio. La investigación por un posible enriquecimiento ilícito será tramitada posteriormente en La Paz, donde Cerimedo tiene domicilio.
Uno de los principales elementos que sostiene la acusación son los cuatro proyectiles relacionados con el ataque. Tres fueron extraídos del cuerpo de Beller, mientras que un cuarto fue encontrado en las inmediaciones del SwissHotel, lugar donde ocurrió el episodio. Según los investigadores, los proyectiles serían de calibre nueve milímetros.
Beller permanece internada y podría participar de la audiencia mediante una videollamada. La abogada sostiene que Cerimedo estuvo detrás del ataque y relaciona el episodio con una serie de agresiones y amenazas que, según afirma, había sufrido anteriormente. También asegura que fue el propio consultor quien le pidió que acudiera al hotel para encontrarse con una adolescente y su familia, quienes supuestamente iban a realizar una denuncia contra el expresidente boliviano Evo Morales.
De acuerdo con su relato, una vez en el lugar aparecieron dos hombres vestidos como repartidores. Uno habría efectuado varios disparos a corta distancia, mientras el otro le habría robado el teléfono celular y la cartera. Beller considera que el ataque tuvo como objetivo asesinarla y, además, silenciar información que asegura conocer sobre negocios y supuestos hechos de corrupción vinculados con Cerimedo.
La defensa, en cambio, rechaza esa versión y acusa a Beller de haber convertido el caso en un conflicto político y mediático. Sus abogados cuestionaron incluso algunos aspectos de su relato y plantearon que podría existir una motivación política detrás de sus declaraciones. El propio Evo Morales intervino públicamente en la controversia y lanzó acusaciones contra Cerimedo.
Mientras las partes intercambian acusaciones, la Fiscalía sostiene una posición más concreta: considera que existen elementos suficientes para mantener al consultor privado de su libertad. Entre los argumentos aparecen el posible riesgo de fuga y la capacidad que tendría Cerimedo para influir sobre la investigación debido a sus vínculos y contactos dentro del poder político boliviano.
Durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al consultor también se encontraron elementos que llamaron la atención de los investigadores, entre ellos una placa y un uniforme policial, una sirena portátil, un teléfono satelital y una motocicleta que habría podido utilizarse para una eventual fuga.
Otro punto bajo investigación es la circunstancia en la que se produjo su detención. La Fiscalía sostiene que Cerimedo fue arrestado cuando intentaba abandonar Bolivia desde el aeropuerto de Viru Viru con destino a Buenos Aires. La defensa niega esa interpretación y asegura que el viaje correspondía a un traslado interno desde La Paz hacia Santa Cruz.
Por ahora, no existe una prueba directa que demuestre que Cerimedo haya contratado a los atacantes. Sin embargo, los investigadores consideran relevantes los antecedentes de violencia denunciados por Beller, las comunicaciones entre ambos y las circunstancias que rodearon el atentado.
La ubicación de los dos presuntos sicarios constituye, además, una de las principales incógnitas del expediente. Hasta el momento no fueron encontrados y existen versiones contrapuestas sobre su posible vínculo con fuerzas policiales o con grupos delictivos.
Con este escenario, la audiencia se presenta como un momento determinante. La Fiscalía buscará extender la prisión preventiva, mientras la defensa intentará reducir las restricciones y evitar que Cerimedo continúe detenido en una causa que combina violencia, disputas políticas y acusaciones de corrupción. La decisión del juez podría marcar el rumbo inmediato de una investigación que todavía tiene numerosos interrogantes abiertos.