La Justicia argentina enfrenta un nuevo capítulo institucional con el futuro del camarista federal Martín Irurzun como eje de una disputa que podría llegar a la Corte Suprema. El magistrado está próximo a cumplir los 75 años, edad establecida por la Constitución Nacional como límite para el ejercicio del cargo, salvo que obtenga un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado. Sin embargo, ese respaldo político no aparece en el horizonte y la situación abre un escenario de fuertes implicancias para uno de los tribunales más importantes del país.

Irurzun integra desde hace más de tres décadas la Cámara Federal porteña, tribunal encargado de revisar algunas de las investigaciones de mayor impacto político e institucional. Entre los expedientes que pasan por esa instancia figuran causas de gran repercusión pública vinculadas a presuntas irregularidades en organismos del Estado y a funcionarios nacionales.

Con el vencimiento de su mandato cada vez más cerca, el camarista inició una estrategia judicial para intentar permanecer en el cargo. En primera instancia solicitó una medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, pero el planteo fue rechazado tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara revisora. Ante ese escenario, sus abogados preparan un recurso extraordinario para que la discusión sea analizada por la Corte Suprema.

La Constitución establece que los jueces que alcanzan los 75 años deben atravesar nuevamente el proceso de designación para continuar ejerciendo sus funciones. Esto implica que el Poder Ejecutivo debe enviar un nuevo pliego al Senado y que la Cámara alta otorgue un nuevo acuerdo por un período de cinco años, procedimiento que puede repetirse sucesivamente.

En este caso, el principal obstáculo parece encontrarse en el ámbito político. Desde el Gobierno nacional no existen señales de impulsar la continuidad de Irurzun, lo que prácticamente deja sin posibilidades el mecanismo previsto por la Constitución. Esa falta de respaldo llevó al magistrado a intentar mantener su cargo por la vía judicial.

Uno de los aspectos más llamativos del planteo es el pedido para que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no intervenga en el caso. La argumentación sostiene que Rosatti integró la Convención Constituyente de 1994, que incorporó el actual límite de edad para los magistrados, por lo que, según la defensa de Irurzun, debería apartarse para evitar intervenir sobre una norma cuya aprobación acompañó como convencional.

La estrategia también apunta a reabrir el debate sobre un antecedente de la propia Corte. En 2017, el máximo tribunal confirmó la validez constitucional del límite de edad al resolver un caso similar. Sin embargo, la integración de la Corte cambió desde entonces, y quienes impulsan el planteo consideran que ese precedente podría ser revisado.

Mientras tanto, el Gobierno observa atentamente la evolución del caso. Una eventual salida de Irurzun abriría una nueva vacante en la Cámara Federal, permitiendo al presidente Javier Milei proponer otro candidato para un tribunal considerado estratégico dentro del sistema judicial argentino.

En paralelo, la Casa Rosada avanza con el proceso de selección de nuevos magistrados. Recientemente se modificaron los procedimientos administrativos para acelerar las designaciones y ya fueron difundidos los nombres de varios postulantes destinados a cubrir vacantes en distintos tribunales federales.

Entre las definiciones más esperadas también se encuentran las relacionadas con la integración de la Cámara Federal porteña, donde continúan pendientes los nombramientos definitivos para otros cargos. Algunas de esas designaciones resultan especialmente relevantes porque el tribunal deberá intervenir en investigaciones de fuerte repercusión política durante los próximos meses.

El Senado también tendrá un rol central en esta etapa. En los próximos días analizará una nueva serie de pliegos para jueces, fiscales y defensores oficiales. Mientras algunos candidatos cuentan con el respaldo del Poder Ejecutivo para continuar en funciones más allá de los 75 años, el caso de Martín Irurzun parece transitar un camino diferente.

Con el plazo constitucional a punto de cumplirse, la resolución de esta controversia no solo definirá el futuro de un magistrado de extensa trayectoria, sino que también influirá en la futura composición de uno de los tribunales federales más relevantes del país y en el equilibrio institucional de la Justicia argentina.