El inicio del nuevo año encuentra al Gobierno nacional decidido a dar batalla en el plano judicial. Durante las últimas horas, la administración encabezada por Javier Milei confirmó que apelará el fallo que declaró nulo el denominado Protocolo Antipiquetes, una normativa impulsada a fines de 2023 desde el Ministerio de Seguridad y que fue sostenida por las sucesivas conducciones de esa cartera. La decisión oficial se conoció luego de que la Justicia resolviera frenar la vigencia de la medida, tras una presentación realizada por organizaciones sociales que cuestionaron su legalidad.
El anuncio fue realizado por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien salió públicamente a defender el protocolo y a cuestionar la resolución judicial. Desde el Ejecutivo remarcaron que la normativa cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y aseguraron que su aplicación permitió garantizar la libre circulación, el orden público y la convivencia social. Sin embargo, distintas voces críticas advierten que, durante su implementación, el despliegue de fuerzas de seguridad provocó serias complicaciones en el tránsito y dejó al descubierto episodios de violencia institucional contra manifestantes, periodistas y trabajadores de prensa.
En ese contexto, el debate volvió a instalarse con fuerza tras el fallo dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 11, que declaró la nulidad del protocolo y suspendió su aplicación. La resolución fue interpretada por el Gobierno como un retroceso en materia de orden público, lo que motivó una reacción inmediata del Ministerio de Seguridad, que confirmó que recurrirá la decisión por las vías legales correspondientes.
Monteoliva sostuvo que, sin el protocolo, el país vuelve al caos y al desorden, y afirmó que la medida es clave para garantizar reglas claras. En un mensaje difundido públicamente, la ministra aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás y que defenderá la herramienta porque, según su visión, fue la que devolvió tranquilidad a quienes buscan circular y trabajar sin interrupciones. En la misma línea, desde la cartera de Seguridad se difundió un comunicado oficial en el que se aclaró que el protocolo no prohíbe el derecho a manifestarse, sino que ordena su ejercicio para compatibilizarlo con otros derechos, como el trabajo, el comercio y la libre circulación.
La polémica también reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en las protestas sociales. Diversos sectores recuerdan episodios de represión ocurridos durante manifestaciones recientes, que dejaron heridos y denuncias por abusos, y que encontraron respaldo normativo en el texto del protocolo ahora anulado. Estos antecedentes forman parte del trasfondo que rodea la discusión judicial y política.
A la defensa del Gobierno se sumó la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, quien respaldó la decisión de apelar el fallo. En sus declaraciones públicas, sostuvo que el protocolo había sido avalado en múltiples oportunidades por la Justicia y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Además, cuestionó duramente al magistrado que firmó la resolución y afirmó que la medida había permitido recuperar el orden desde el primer día de su aplicación.
Así, el conflicto por el Protocolo Antipiquetes promete seguir sumando capítulos. Mientras el Gobierno apuesta a revertir el fallo y reinstalar la normativa, la discusión de fondo vuelve a girar en torno a los límites entre el orden público, el uso de la fuerza y el derecho constitucional a la protesta, un debate que sigue abierto y que mantiene en tensión a la política, la Justicia y la sociedad.
