El peronismo expresó una oposición firme y sin matices al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que será uno de los ejes centrales del debate en las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para febrero. Desde ese espacio político advirtieron que la iniciativa del Ejecutivo no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos de las y los trabajadores.
La diputada nacional Kelly Olmos, referente de Fuerza Patria, fue contundente al calificar la propuesta oficial como “extremadamente regresiva” y aseguró que el rechazo del peronismo será total. Según explicó, el bloque trabaja en una alternativa propia que busca ampliar derechos y ofrecer una visión distinta sobre cómo actualizar la legislación laboral en la Argentina. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es enriquecer el debate público y demostrar que el camino elegido por el Gobierno no conduce a una mejora en las condiciones de trabajo, sino a una mayor precarización.
En la misma línea se expresó el senador Mariano Recalde, quien señaló que el espacio viene trabajando desde hace años en distintos proyectos vinculados al mundo del trabajo. De acuerdo a lo manifestado, esas iniciativas se articulan en una serie de ejes centrales que apuntan a fortalecer derechos laborales, promover el empleo de calidad y garantizar un marco de mayor equilibrio entre empleadores y trabajadores.
Uno de los principales cuestionamientos del peronismo se centra en la concepción de “modernización” que plantea el oficialismo. Para Olmos, modernizar no significa flexibilizar ni debilitar protecciones, sino adaptar las normas a las nuevas realidades del trabajo sin resignar derechos. Desde ese enfoque, el peronismo propone medidas como la recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo, el pago íntegro de los salarios en dinero y no en especie, y una reducción de la jornada laboral.
Entre las ideas que se analizan figura establecer un máximo de siete horas diarias y 42 semanales, en contraste con la propuesta del Gobierno que habilitaría jornadas de hasta 12 horas. Para el justicialismo, mientras gran parte del mundo avanza hacia la reducción del tiempo de trabajo, la iniciativa oficial va en sentido contrario y profundiza la desigualdad.
Asimismo, cuestionan que la reforma impulsada por el Ejecutivo no contemple adecuadamente la protección de los trabajadores de plataformas digitales, mantenga licencias parentales desactualizadas y busque derogar normas recientes como la ley de teletrabajo, al tiempo que reinstala artículos de legislación laboral con más de un siglo de antigüedad. También advierten que la promesa de creación de empleo es engañosa, ya que, según sostienen, desde la asunción del actual gobierno se vienen perdiendo puestos de trabajo y la reforma no incentiva nuevas contrataciones, sino que reduce las indemnizaciones por despido.
La propuesta alternativa del peronismo incluye licencias parentales igualitarias, con ampliación de los plazos por maternidad, paternidad y adopción, además del derecho a la desconexión digital para resguardar los límites de la jornada laboral. Otro eje central es el fortalecimiento de la negociación colectiva, con el objetivo de equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores y evitar imposiciones unilaterales.
Desde el espacio justicialista remarcan que este debate no es exclusivo de la Argentina, sino que atraviesa a muchas sociedades del mundo. En ese marco, advierten que el concepto de libertad que promueve el Gobierno se traduce, en los hechos, en una mayor concentración de poder. Por eso, consideran que el Congreso debe rechazar la reforma laboral oficial y abrir la discusión hacia un modelo que, lejos de recortar, amplíe derechos y garantías para quienes viven de su trabajo.