Lo sucedido recientemente en el Congreso de la Nación marcó un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei. Tras meses de avanzar con una agenda que parecía no encontrar resistencia, la administración libertaria se topó con un escenario de disputa que obligó a postergar reformas clave y puso en duda la infalibilidad de su estrategia política.
El freno a la reforma laboral y el dilema del Presupuesto
Uno de los golpes más duros para la Casa Rosada fue la caída del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, postergada al menos hasta febrero. A pesar de los esfuerzos de Patricia Bullrich por disciplinar a la tropa, el oficialismo se vio forzado a aceptar una profundización del diálogo, un gesto inusual en una gestión que suele evitar las concesiones.
Paralelamente, el Presupuesto Nacional se ha convertido en una encrucijada peligrosa. El intento del Ejecutivo por «contrabandear» artículos que liquidaban el financiamiento a universidades y otras áreas sensibles fue detectado y rechazado. Ahora, el Gobierno enfrenta la posibilidad de vetar su propio presupuesto si este resulta deficitario, un escenario que Washington y el FMI observan con lupa, dado que la sanción de este instrumento es una condición indispensable para mantener los acuerdos vigentes.
Impericia, billetera y la «rosca» fallida
La derrota legislativa dejó al descubierto fallas en la articulación política. Ni Guillermo Francos ni las nuevas figuras como Diego Santilli lograron asegurar los votos necesarios, a pesar de los giros discrecionales de fondos a las provincias —estimados en 65.000 millones de pesos— para beneficiar a gobernadores aliados.
La Casa Rosada parece haber interpretado la negociación política como una línea recta, ignorando las presiones de la «temperatura callejera» y la resistencia de sectores que no están dispuestos a votar el desfinanciamiento de hospitales como el Garrahan.
La reaparición de la CGT y el factor opositor
En este contexto, la CGT reapareció con un nuevo triunvirato, mostrando una capacidad de movilización que, aunque estratégica, logró poner límites al avance oficialista. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires se destaca por sostener la obra pública en un contexto de parate nacional, configurándose como un polo de resistencia administrativa.
El gobierno, que se autopercibía como una «topadora», termina el año con la confirmación de que la esencia de la disputa política argentina sigue viva y que los arrebatos de improvisación tienen un costo alto en el Parlamento.