La represión registrada frente al Congreso durante una multitudinaria manifestación dejó una fuerte polémica política y judicial, pero también puso bajo la lupa a un integrante de la Policía Federal que participó del operativo vestido de civil y portando una escopeta.

Se trata del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, identificado a partir de distintas fotografías y videos registrados durante la jornada. Las imágenes lo muestran apuntando con un arma larga hacia quienes participaban de la protesta, mientras distintos grupos de las fuerzas de seguridad avanzaban sobre los manifestantes.

El operativo se extendió durante más de seis horas y dejó, según los balances difundidos posteriormente, alrededor de 1.500 personas heridas y cerca de 30 detenidos. Todos ellos fueron liberados, aunque quedaron involucrados en causas judiciales por delitos como atentado y resistencia a la autoridad.

La utilización de armas de baja letalidad también quedó en el centro de la discusión. En particular, se cuestionó el empleo de escopetas con postas de goma durante una protesta en la que hubo personas heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, quien había sufrido anteriormente una grave lesión durante una jornada represiva, y otra trabajadora de prensa que terminó internada tras recibir un impacto en la cabeza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió públicamente en defensa del procedimiento y sostuvo que el arma utilizada por Gauna habría empleado un proyectil de estruendo. Sin embargo, sus declaraciones generaron nuevas dudas sobre el tipo de munición utilizada, el arma y las condiciones en las que el comisario participó del operativo.

La situación derivó además en presentaciones judiciales. Una denuncia acusa a Gauna de presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posibles vejaciones o apremios ilegales. La investigación deberá determinar qué arma utilizó, qué munición llevaba, quién autorizó su intervención y cuáles fueron las órdenes impartidas durante el operativo.

Otro planteo judicial incorporó cuestionamientos sobre el despliegue general de las fuerzas de seguridad. Entre los puntos denunciados figuran el uso intensivo de gases lacrimógenos, balas de goma, vehículos policiales circulando en contramano y disparos realizados en distintos sectores cercanos al Congreso y la avenida de Mayo.

La presencia de efectivos policiales vestidos de civil también se convirtió en un punto central de la controversia. Organizaciones de derechos humanos señalaron que intervenir en una protesta sin uniforme ni identificación visible puede dificultar la individualización de los agentes y generar interrogantes sobre la legalidad de sus actuaciones.

Además, dirigentes políticos reclamaron que la ministra de Seguridad concurra al Congreso para explicar cómo se organizó el operativo y cuál fue la cadena de mando. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, por su parte, remarcaron que el derecho a manifestarse y expresar reclamos forma parte de las garantías democráticas.

La identificación de Gauna surgió después de una reconstrucción realizada a partir de fotografías tomadas durante la protesta. El cotejo de esas imágenes con registros anteriores permitió asociar al efectivo con su identidad y con su función dentro de la Policía Federal.

Ahora, la Justicia deberá establecer responsabilidades concretas y determinar si durante aquella jornada existieron abusos en el uso de la fuerza. Mientras tanto, el caso de Gauna se transformó en uno de los principales focos de una discusión que excede a un solo agente: plantea interrogantes sobre los protocolos policiales, la actuación de efectivos de civil y los límites que debe respetar el Estado frente a una manifestación pública.