Una investigación judicial puso bajo la lupa a la Armada Argentina por un presunto desfalco millonario en la liquidación de haberes de su personal. La denuncia involucra al capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, quien estaba al frente del área encargada de procesar los pagos y habría autorizado transferencias irregulares a 23 personas. Entre los principales beneficiarios aparece su esposa, María del Carmen Prieto, quien recibió una suma que, según la presentación judicial, superaría los 100 mil dólares al convertir los montos transferidos.

El caso generó preocupación dentro de la fuerza y abrió interrogantes sobre los controles administrativos y la supervisión de los recursos públicos. La denuncia presentada ante la Justicia describe 645 acreditaciones indebidas y un perjuicio económico que inicialmente fue calculado en 938 millones de pesos. Sin embargo, la investigación continúa y no se descarta que el monto final sea considerablemente mayor.

Transferencias irregulares y maniobras bajo investigación

De acuerdo con la denuncia, las irregularidades se habrían producido mediante dos mecanismos principales. Por un lado, se liquidaban adicionales que no figuraban en las planillas oficiales de la Armada. Por otro, se efectuaban pagos a cuatro personas que no tenían relación laboral ni vínculo con la institución.

La maniobra consistía presuntamente en modificar las órdenes de pago enviadas al Banco Nación, de manera que los importes acreditados no coincidieran con los registros internos. Posteriormente, esos documentos eran corregidos dentro de la propia fuerza para evitar que quedaran evidencias de las transferencias.

Entre los beneficiarios señalados figuran María del Carmen Prieto, con depósitos por 152 millones de pesos; Damián Andrés Santana, con 99 millones; Analía Cristina Díaz, con 91 millones; y Natalia Yahia, con 90 millones. Según la presentación judicial, estas cuatro personas habrían recibido alrededor del 40 por ciento del dinero involucrado en la maniobra.

El resto de los fondos, estimado inicialmente en unos 600 millones de pesos, habría sido distribuido entre otros 19 integrantes de la Marina. La Justicia deberá determinar si existió una estructura organizada, si parte del dinero fue devuelto a los responsables y cuál fue el destino final de los fondos.

El responsable del área pasó a ser investigado

Las inconsistencias fueron detectadas por una teniente de navío contadora, quien advirtió diferencias en las liquidaciones. En un primer momento, la revisión quedó a cargo del propio Atanassof, responsable del Departamento de Revista. Sin embargo, cuando apareció su esposa entre las beneficiarias de las transferencias más elevadas, el oficial fue apartado preventivamente y pasó de investigador a investigado.

Según la denuncia, Atanassof habría reconocido que realizaba transferencias manuales y luego modificaba los registros internos. También habría admitido pagos irregulares a otras tres personas sin vinculación con la Armada.

La investigación comenzó en febrero y, con el avance de las actuaciones, siete beneficiarios devolvieron parte del dinero a la institución. En total, se restituyeron 42 millones de pesos, una cifra que representa apenas una porción del perjuicio denunciado.

Cuestionamientos a los controles y tensión en Defensa

El escándalo también puso en discusión el funcionamiento de la Auditoría de la Armada, organismo encargado de controlar los movimientos económicos de la fuerza. Las maniobras habrían comenzado en julio de 2022 y se habrían extendido hasta enero de 2026, lo que plantea interrogantes sobre cómo pudieron mantenerse durante tanto tiempo sin ser detectadas por los mecanismos de control.

Además, existen dudas sobre si hubo operaciones anteriores al período investigado y si el monto del desfalco podría superar ampliamente la cifra inicial. Algunas estimaciones extraoficiales mencionadas en el artículo ubican el perjuicio por encima de los 2.000 millones de pesos, aunque esa cifra todavía no fue confirmada judicialmente.

En paralelo, el episodio habría profundizado las tensiones entre la Armada y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según lo señalado en el artículo, el titular de la cartera habría sido informado pocos minutos antes de la presentación de la denuncia penal, una situación que generó cuestionamientos sobre la comunicación institucional.

El caso se desarrolla en un contexto de reclamos por los salarios del personal militar, dificultades presupuestarias y preocupación por el futuro de distintas instalaciones navales. Entre los temas que generan inquietud aparecen la reducción de personal en la Base Aeronaval Punta Indio, el deterioro de la infraestructura y los planes de reorganización de las Fuerzas Armadas.

Mientras la Justicia avanza para establecer responsabilidades y recuperar los fondos, el escándalo deja abiertas preguntas sobre el control del dinero público, la transparencia administrativa y el funcionamiento de la estructura de conducción de la Armada Argentina.