Un grupo de senadores del bloque peronista presentó un proyecto para que el Gobierno nacional brinde explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados para financiar obras de infraestructura vial. La iniciativa solicita la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de conocer por qué una parte importante de esos fondos no fue utilizada para la reparación y mantenimiento de las rutas.

El planteo pone el foco en el funcionamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial y, especialmente, en el nivel de ejecución registrado durante los primeros cinco meses de 2026. Según los datos expuestos en el proyecto, durante ese período el fondo habría recaudado alrededor de 450.500 millones de pesos. Sin embargo, solamente se habrían destinado 83.144 millones a obras viales.

La cifra representa una ejecución del 18,5 por ciento de los recursos disponibles. En otras palabras, más de ocho de cada diez pesos recaudados por ese fondo no habrían sido aplicados durante ese período a trabajos destinados a mejorar, reparar o mantener la infraestructura vial.

La situación generó cuestionamientos entre los legisladores, que consideran necesario conocer con precisión qué ocurrió con el dinero que estaba previsto para atender las necesidades de las rutas nacionales. El reclamo adquiere especial relevancia frente al deterioro de numerosos corredores viales y a las dificultades que atraviesan transportistas, productores y automovilistas que utilizan diariamente esas vías de comunicación.

La senadora Ana Marks, una de las principales impulsoras de la iniciativa, sostuvo que el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar dónde se encuentran esos recursos y por qué no están siendo utilizados para garantizar rutas seguras y transitables.

El proyecto también apunta a determinar si parte del dinero destinado originalmente a infraestructura vial fue derivado hacia inversiones financieras u otros instrumentos, en lugar de ser utilizado para obras concretas. Por ese motivo, la convocatoria a los funcionarios busca obtener información sobre el manejo de los fondos y los criterios aplicados para decidir su utilización.

El debate vuelve a colocar en el centro de la discusión el estado de las rutas argentinas y el financiamiento de la infraestructura. Para los legisladores que impulsan el pedido, no alcanza con conocer cuánto dinero se recauda: también resulta fundamental saber cuánto se ejecuta, en qué obras y con qué resultados.

Mientras se aguardan eventuales explicaciones oficiales, la baja utilización de los recursos viales plantea interrogantes sobre las prioridades presupuestarias y sobre la capacidad del Estado para sostener una infraestructura fundamental para la circulación, el transporte y la actividad económica de todo el país.