La localidad de Guandacol atraviesa días de incertidumbre y movilización social tras una decisión judicial que impactó de lleno en su economía. En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela se comprometió a recibir a representantes de la comunidad el próximo martes, en un intento por abrir un canal de diálogo ante la creciente preocupación.
El conflicto se desató luego de que la Justicia ordenara la suspensión por 30 días del corredor logístico que permite el acceso al Proyecto Vicuña, exigiendo a la empresa responsable la presentación de un informe de impacto ambiental. La medida generó una inmediata reacción en la comunidad, donde más de 200 vecinos se organizaron en asamblea para visibilizar las consecuencias que esta situación tiene sobre el empleo y la actividad económica local.
La confirmación del encuentro con el mandatario provincial fue transmitida por el diputado Yamil Sarruf, quien destacó la disposición del Gobierno para escuchar a los afectados. Según explicó, la asamblea vecinal designará una comisión representativa que será la encargada de plantear las inquietudes directamente ante el gobernador.
En paralelo, las autoridades locales también hicieron oír su voz. El intendente del departamento Felipe Varela, Hugo Páez, relató que ya se mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales para trasladar la preocupación de la comunidad. En ese sentido, advirtió sobre el clima de zozobra que se vive en la región y el temor creciente a la pérdida de puestos de trabajo vinculados a la actividad minera.
Desde la dirigencia política del departamento, el diputado Antonio Veragua Massud reafirmó el acompañamiento a los vecinos y señaló que las autoridades continuarán actuando como puente entre la comunidad y el Gobierno provincial. Al mismo tiempo, destacó los beneficios que el desarrollo minero ha generado en la zona, especialmente en el Valle del Bermejo.
La asamblea realizada en la plaza principal de Guandacol dejó definiciones claras. De manera pacífica, los vecinos aprobaron un plan de acción que incluye la solicitud formal de audiencia con el gobernador, la posibilidad de avanzar con medidas legales para visibilizar el impacto del fallo judicial, la elaboración de un censo de familias afectadas y la ratificación del respaldo al proyecto minero mediante votación.
Lo que comenzó como una resolución judicial basada en cuestiones ambientales terminó escalando en un conflicto social más amplio, que pone en tensión la relación entre desarrollo productivo, cuidado del ambiente y sostenimiento del empleo. La paralización del corredor no solo afecta a la empresa involucrada, sino a toda una cadena de trabajadores, prestadores y familias que dependen de esa actividad.
Mientras tanto, el Gobierno provincial sigue de cerca la evolución del conflicto. Según indicaron desde el oficialismo, existe una fuerte preocupación por la situación en el interior y se trabaja en alternativas que permitan sostener las fuentes laborales. La reunión prevista para los próximos días será clave para intentar destrabar el conflicto y llevar alivio a una comunidad que, por estas horas, se mantiene en estado de alerta.