Las intensas lluvias y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay comenzaron a generar preocupación en distintas localidades del litoral argentino. Con cientos de personas afectadas, familias evacuadas y pérdidas materiales, la emergencia climática volvió a poner en el centro del debate la falta de obras de infraestructura destinadas a prevenir inundaciones y reducir los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos.

El escenario adquiere mayor relevancia ante las previsiones sobre la llegada de El Niño durante la primavera y el verano de 2026-2027, un fenómeno que podría intensificar las precipitaciones y aumentar el riesgo de inundaciones en distintas regiones del país. En este contexto, durante el debate por el Presupuesto Nacional 2027 en la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición cuestionaron al Gobierno por la utilización de los recursos destinados específicamente a obras hídricas.

El reclamo estuvo dirigido al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y apuntó al manejo del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, un fondo creado para financiar trabajos de prevención de inundaciones, saneamiento, infraestructura fluvial y acceso al agua potable. Su financiamiento proviene de una proporción de la recaudación del impuesto sobre los combustibles, cuyos recursos tienen una asignación específica establecida por ley.

Sin embargo, según cifras presupuestarias y estimaciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina, durante los primeros años de la administración de Javier Milei se ejecutó solamente una parte de los fondos recaudados. En 2024, el gasto alcanzó el 11,7 por ciento de los ingresos del fideicomiso, mientras que en 2025 llegó al 20,6 por ciento. Para el segundo trimestre de 2026, el nivel de ejecución había aumentado al 63,8 por ciento.

En promedio, la ejecución de los recursos durante el período analizado rondó el 32 por ciento, una cifra que alimentó las críticas por la demora en la realización de obras consideradas fundamentales para proteger a las poblaciones expuestas a las crecidas de los ríos.

Uno de los puntos más cuestionados es el destino del dinero que no se utilizó para las obras previstas. De acuerdo con información oficial presentada ante el Congreso, a abril de 2026 el fideicomiso mantenía alrededor de 34.922 millones de pesos en cuentas bancarias y unos 258.000 millones invertidos en Letras del Tesoro Nacional. De esta manera, una parte importante de los recursos permanecía colocada en instrumentos financieros, en lugar de transformarse en infraestructura para prevenir emergencias.

Las objeciones también alcanzaron al proyecto de Presupuesto 2027. Según las estimaciones realizadas sobre su contenido, una parte de la recaudación continuaría sin destinarse directamente a las obras hídricas, lo que anticipa que la discusión sobre el uso de estos recursos seguirá abierta.

La diputada Sabrina Selva cuestionó la situación durante el debate parlamentario y advirtió sobre las consecuencias de mantener una ejecución insuficiente en un momento en que distintas provincias ya enfrentan inundaciones. El reclamo se centró en el impacto que la falta de infraestructura puede tener sobre las familias, las ciudades y las actividades productivas, especialmente cuando existen advertencias meteorológicas sobre la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano y el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, también habían presentado denuncias vinculadas con el manejo de fondos públicos y la ejecución de obras. Según los planteos incorporados a esas presentaciones, desde diciembre de 2023 se iniciaron 24 obras hídricas, pero más de la mitad fueron suspendidas o canceladas y solamente una había sido finalizada.

Durante el intercambio en el Congreso, Guberman defendió la decisión de colocar los excedentes financieros para evitar que perdieran valor. El funcionario sostuvo que esos recursos no eran apropiados por integrantes del Gobierno, sino que se mantenían invertidos mientras no se ejecutaba la totalidad del presupuesto disponible.

Además, argumentó que el presupuesto establece límites máximos de gasto y que el Poder Ejecutivo puede gastar menos de lo autorizado, sin que ello implique necesariamente un incumplimiento de las reglas presupuestarias.

La explicación no despejó las críticas de la oposición, que insiste en que los recursos tienen una finalidad específica y que su disponibilidad debería traducirse en obras concretas. La discusión también plantea un interrogante sobre la continuidad del cobro de un impuesto destinado a financiar infraestructura hídrica cuando una parte considerable de lo recaudado no se utiliza para ese propósito.

Mientras las familias afectadas intentan recuperarse de las consecuencias de las inundaciones, el debate sobre los fondos públicos adquiere una dimensión urgente. La prevención de desastres requiere planificación, inversión sostenida y trabajos capaces de reducir el impacto de las lluvias y las crecidas.

En un escenario marcado por la incertidumbre climática, la controversia ya no se limita a una discusión contable o presupuestaria. El desafío consiste en determinar si los recursos disponibles se convertirán en obras que protejan a las comunidades o si continuarán destinados, al menos parcialmente, a operaciones financieras, mientras crecen los riesgos para la población y la producción.