La investigación judicial sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial Manuel Adorni atraviesa una etapa decisiva. En las próximas horas, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación entregará al fiscal Gerardo Pollicita un informe técnico que analizará la evolución de sus bienes, ingresos, gastos e inversiones. Ese documento será una pieza central para determinar si existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por el funcionario y su nivel de vida durante los últimos años.

Con la recepción de ese informe concluirá la primera fase de la investigación. Una vez finalizada la feria judicial de invierno, el fiscal prevé presentar un requerimiento formal para que Adorni explique el origen de diversos fondos y gastos que, según la investigación, no guardarían relación con los ingresos declarados durante su desempeño en la función pública.

Uno de los aspectos que concentra mayor atención es la existencia de aproximadamente 500.000 dólares cuyo origen deberá ser justificado. Tiempo atrás, el propio funcionario sostuvo públicamente que en 2014 había invertido unos 200.000 dólares en criptomonedas y que esa operación le generó ganancias cercanas a los 300.000 dólares. Además, reconoció que esos fondos no habían sido declarados en su momento, argumentando que buscaba mantener sus ahorros fuera del sistema formal.

Posteriormente, Adorni se acogió al régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno, mecanismo que le permitió exteriorizar esos activos ante las autoridades tributarias. Sin embargo, esa regularización no impide que deba responder ante la Justicia respecto del origen de los fondos si existen sospechas de un posible enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, la fiscalía solicitó información a plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance y Lemon para reconstruir la totalidad de las operaciones realizadas. El objetivo es verificar si los movimientos financieros registrados coinciden con las explicaciones brindadas públicamente y con las declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de control.

La investigación también analiza las modificaciones introducidas en las declaraciones juradas del funcionario. En su última presentación, Adorni rectificó documentos anteriores e incorporó inversiones en activos digitales realizadas entre 2021 y 2023. Asimismo, declaró la posterior venta de esos activos, lo que produjo un fuerte incremento en el patrimonio informado, que pasó de poco más de 25 millones de pesos a casi 945 millones.

Además del crecimiento patrimonial, el expediente examina una serie de gastos personales y adquisiciones que despertaron interrogantes sobre su capacidad económica. Entre ellos figuran viajes al exterior junto a su familia, estadías en hoteles de alta categoría y vuelos privados, así como la compra de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y otra propiedad en un barrio privado, ambas acompañadas por importantes inversiones en remodelaciones.

La causa también incorpora el análisis de distintos consumos y compras de elevado valor, entre ellas mobiliario, equipamiento tecnológico y otros bienes que, según la investigación, habrían sido adquiridos mediante mecanismos de financiación o utilizando tarjetas de crédito de terceros, hechos que también forman parte del análisis patrimonial.

El informe solicitado por el fiscal abarca un estudio integral de la evolución económica del funcionario. Los especialistas deberán reconstruir año por año la composición de sus bienes, ingresos, deudas, inversiones, movimientos bancarios y operaciones con activos virtuales. También deberán establecer la forma de financiamiento de cada adquisición y elaborar una ecuación patrimonial que permita determinar si los recursos declarados alcanzaban para afrontar todas las compras y gastos registrados.

Con esos elementos, la fiscalía definirá los próximos pasos de la causa. Si el análisis confirma inconsistencias significativas entre los ingresos legítimos y el patrimonio acumulado, Adorni deberá brindar explicaciones detalladas ante la Justicia sobre el origen de sus bienes y el financiamiento de su estilo de vida. De esa respuesta dependerá el rumbo que adopte una investigación que continúa sumando documentación y que podría avanzar hacia nuevas medidas judiciales en los próximos meses.