La Rioja endurece el combate contra los préstamos ilegales y busca aliviar el endeudamiento familiar

El gobernador Ricardo Quintela se refirió a la situación financiera que atraviesan numerosas familias riojanas y destacó las medidas impulsadas desde la Provincia para facilitar el acceso al crédito, reducir el costo de los préstamos y ofrecer alternativas de refinanciación para quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.

En ese marco, el mandatario explicó que el Banco Rioja implementó una reducción de las tasas de interés a partir de una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo provincial, en su carácter de accionista único de la entidad.

Según detalló Quintela, los clientes que se encuentran al día con sus compromisos financieros pueden acceder a una reducción del 20 por ciento en la tasa de interés. Para quienes registran atrasos superiores a los 90 días, en tanto, se estableció una reducción todavía mayor.

De acuerdo con los valores mencionados por el gobernador, una tasa que se encontraba en torno al 76 por ciento pasó al 56 por ciento, mientras que para los clientes con una mora superior a los 90 días se fijó una tasa del 47 por ciento. El objetivo es facilitar la refinanciación de las deudas mediante planes con cuotas fijas y condiciones acordadas con cada titular del crédito.

Quintela también puso el foco en otra problemática que preocupa a las autoridades: el crecimiento de los préstamos informales y la actividad de prestamistas que operan al margen de las normas legales.

En este sentido, destacó el trabajo conjunto entre la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y la Justicia para investigar este tipo de operaciones. El gobernador aseguró que ya fueron detenidas más de diez personas vinculadas, según su descripción, con préstamos ilegales.

Entre los procedimientos mencionados se encuentra un operativo en el que se habrían secuestrado alrededor de 170 millones de pesos y más de un centenar de tarjetas de débito. También se investigan mecanismos considerados abusivos, como la utilización de documentos firmados en blanco o la retención de vehículos y escrituras de propiedades como garantía de los préstamos.

Según explicó el mandatario, algunos de esos documentos podrían ser utilizados posteriormente para iniciar reclamos judiciales por montos que los deudores tendrían serias dificultades para afrontar.

Frente a este escenario, la Provincia busca que las familias puedan recurrir a canales financieros formales y evitar quedar atrapadas en circuitos informales de crédito, especialmente en momentos en que el nivel de endeudamiento de los hogares genera preocupación.

Quintela indicó además que el Banco Rioja mantiene aproximadamente 30.000 clientes con algún tipo de relación crediticia. De ese total, alrededor de 25.000 se encontrarían al día con sus obligaciones, mientras que unos 5.000 presentarían dificultades para cumplir con los pagos.

El gobernador estimó que el monto promedio de los créditos que actualmente presentan problemas de pago ronda los 600.000 pesos, aunque aclaró que también existen casos de personas que asumieron compromisos por cifras considerablemente mayores.

En ese contexto, destacó que una parte importante de las dificultades se concentra en deudas relativamente pequeñas que, acumuladas, pueden convertirse en una carga difícil de sostener para los hogares.

Además, se busca brindar una alternativa para quienes mantienen obligaciones con otras entidades financieras. En determinados casos, el Banco Rioja puede otorgar un nuevo préstamo destinado a cancelar esas deudas y concentrar los compromisos en una única financiación, procurando que el refinanciamiento se realice bajo condiciones más accesibles.

Las medidas forman parte de una estrategia que apunta a reducir el peso de las deudas sobre las familias, facilitar la regularización de los pagos y, al mismo tiempo, avanzar contra las prácticas de préstamo informal que las autoridades consideran abusivas.

La situación continuará bajo seguimiento de los organismos provinciales y de la Justicia, especialmente en aquellos casos en los que existan denuncias o investigaciones por posibles maniobras financieras ilegales.

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