La diputada nacional Lilia Lemoine fue citada a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga presuntos ataques verbales y maltrato psicológico contra Ian Moche, un niño de 12 años con trastorno del espectro autista. La audiencia fue fijada para el próximo 28 de mayo por el fiscal porteño Hernán Biglino.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, luego de una serie de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales realizadas por Lemoine sobre el menor y su entorno familiar.
El expediente analiza si la legisladora incurrió en conductas contempladas en el artículo 55 del Código Contravencional porteño, que sanciona humillaciones, agravios y expresiones ofensivas cuando no llegan a configurar un delito penal. Entre las frases señaladas en la causa, se encuentran afirmaciones en las que Lemoine habría puesto en duda la condición del niño al referirse a él como “supuestamente autista”. También se investiga que haya acusado a su madre, Marlene Spesso, de hacerlo “actuar de autista” y de utilizar su imagen pública para “figurar” y obtener beneficios económicos.
En la resolución firmada este jueves, el fiscal rechazó buena parte de las medidas de prueba solicitadas por la defensa de la diputada. Según se detalló, consideró que distintos conflictos familiares mencionados por el entorno de Lemoine no guardaban relación directa con el hecho puntual investigado: las expresiones públicas dirigidas hacia Ian y su familia.
Tras conocerse la decisión judicial, la defensa de Lemoine reaccionó rápidamente. Su abogado, Hernán Seivane, presentó un pedido de control jurisdiccional para que un juez revise las actuaciones de la fiscalía antes de la audiencia de indagatoria. Desde el entorno de la legisladora sostienen que existen elementos relevantes que no fueron considerados en el expediente y cuestionan especialmente la participación de Marlene Spesso como querellante en representación de su hijo.
El caso volvió a generar un fuerte debate público sobre los límites del discurso político, el uso de las redes sociales y la protección de los derechos de niños y adolescentes, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad.