Un nuevo foco de controversia se instaló en la agenda pública tras la difusión de datos oficiales que estiman que menos de 10 mil personas viven en situación de calle en todo el país. La cifra, presentada por el Ministerio de Capital Humano como parte de un relevamiento “integral y federal”, generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales, que consideran que los números no reflejan la realidad que se observa diariamente en distintos puntos del territorio.
El informe, impulsado por el área que conduce Sandra Pettovello, señala que se registraron 9.421 personas en esta condición. Sin embargo, el propio relevamiento presenta limitaciones significativas: fue realizado en 19 provincias y dejó afuera a distritos clave como la Provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones. Esta omisión resulta central, ya que se trata del territorio más poblado del país.
Desde organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, como Proyecto 7, la reacción fue inmediata. Referentes del sector calificaron el número como inconsistente y pusieron en duda la metodología utilizada. Señalan que no se brindaron detalles claros sobre cómo se realizó el relevamiento, ni sobre los criterios aplicados para contabilizar a la población afectada.
Las críticas también se apoyan en datos previos. En la Ciudad de Buenos Aires, un censo popular realizado por organizaciones sociales había registrado casi 12 mil personas en situación de calle solo en ese distrito. Incluso las estadísticas oficiales del gobierno porteño reconocen más de 5 mil personas en esa condición, lo que pone en tensión la cifra nacional difundida.
Otro dato que surge del propio informe oficial y que genera preocupación es que más de la mitad de las personas relevadas —un 58 por ciento— se encuentran en situación de calle desde hace menos de dos años. Este indicador refleja un crecimiento reciente del fenómeno, asociado por distintos sectores a la situación económica y social.
Desde el territorio, quienes trabajan diariamente con esta población advierten que la problemática se profundiza. Referentes sociales aseguran que cada vez más personas recurren a comedores, paradores o directamente pasan la noche en la vía pública, incluso en zonas donde antes no era habitual observar esta realidad.
El relevamiento fue presentado en el marco de la Ley Nacional de Derechos de Personas en Situación de Calle, una normativa que establece la obligación de generar estadísticas y políticas públicas para este sector. No obstante, modificaciones posteriores en su aplicación trasladaron responsabilidades a las provincias, lo que, según especialistas, podría haber debilitado la intervención directa del Estado nacional.
En este contexto, el debate gira en torno a la confiabilidad de los datos y al alcance de las políticas públicas destinadas a abordar la problemática. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un diagnóstico preciso, desde distintos sectores sociales y comunitarios insisten en que las cifras difundidas subestiman la magnitud real del fenómeno.
Así, la discusión no solo se centra en los números, sino también en la visibilidad de una problemática creciente. En un escenario económico complejo, la cantidad de personas que viven en la calle aparece como un indicador sensible que expone, con crudeza, las dificultades sociales que atraviesa una parte de la población argentina.
