La aprobación en el Senado de la reforma laboral estuvo acompañada por un masivo despliegue de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso y terminó con un saldo que encendió alarmas en distintos sectores: más de 300 personas heridas, 31 detenidas y 70 demoradas. Lo que comenzó como una movilización multitudinaria en defensa de los derechos laborales derivó, hacia la tarde, en una represión que dejó escenas de violencia, corridas y enfrentamientos.
El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad y ejecutado por fuerzas federales junto a la Policía de la Ciudad, incluyó alrededor de 800 efectivos apostados en un vallado que cubría todo el frente del Congreso. Durante varias horas, la concentración se desarrolló de manera mayoritariamente pacífica. Sin embargo, cerca de las tres de la tarde, un grupo reducido de personas encapuchadas comenzó a arrojar piedras y otros objetos por encima de las vallas. A partir de ese momento, la situación escaló rápidamente.
Según relataron organismos de derechos humanos que monitorearon la protesta, las fuerzas utilizaron balas de goma, camiones hidrantes, gas pimienta y lanzagases para dispersar a los manifestantes. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que el despliegue fue de gran magnitud y compararon lo ocurrido con otros episodios recientes de fuerte intervención estatal en manifestaciones públicas.
Diversas organizaciones registraron cientos de personas afectadas por gases lacrimógenos y spray de pimienta. Equipos sanitarios presentes en el lugar asistieron a manifestantes con heridas provocadas por postas de goma, algunas de ellas en la parte superior del cuerpo, lo que está prohibido por los protocolos de uso de armamento “menos letal”. Socorristas reportaron impactos en el rostro, la frente y el cuero cabelludo, además de cuadros de intoxicación y desorientación por la exposición a los gases.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad informó que, tras la desconcentración parcial, se formaron cordones policiales en calles aledañas que dificultaron la evacuación en determinadas direcciones, lo que generó momentos de tensión y corridas hacia la Avenida 9 de Julio. También se registraron persecuciones con motos y nuevos disparos de gas y balas de goma en sectores donde la movilización ya se estaba dispersando.
Entre las personas heridas hubo trabajadores de prensa, que denunciaron haber sido alcanzados por disparos mientras cubrían los hechos. En paralelo, un grupo de manifestantes fue detenido en la zona de Lima y Chile; parte de ellos recuperó la libertad horas después, mientras que otros fueron trasladados a dependencias policiales.
Desde organizaciones sociales y de derechos humanos calificaron el operativo como desproporcionado y sostuvieron que la mayoría de los asistentes se manifestaba de manera pacífica. Por su parte, desde el oficialismo defendieron el accionar de las fuerzas bajo el argumento de preservar el orden público y garantizar el normal funcionamiento del Congreso.
La jornada dejó así una postal de fuerte polarización: adentro del recinto, el avance de una reforma estructural; afuera, una protesta que terminó con un alto costo en heridos y detenidos. Un escenario que anticipa que el debate por los cambios laborales continuará tanto en el plano institucional como en las calles.