En un giro inesperado, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con el polémico artículo de la reforma laboral que modificaba el régimen de licencias médicas. La decisión se tomó luego de que sus propios aliados parlamentarios retiraran el respaldo y exigieran directamente la eliminación del punto cuestionado. Sin margen para sostener la redacción original, el oficialismo aceptó los cambios y el proyecto deberá regresar al Senado para un nuevo tratamiento.
La controversia se centró en el artículo que establecía que los trabajadores podrían percibir un salario reducido durante períodos de enfermedad. La iniciativa generó fuertes críticas no solo desde la oposición y sectores sindicales, sino también dentro del propio bloque de aliados del Ejecutivo. Espacios como el PRO, el MID y legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales manifestaron su desacuerdo y reclamaron su eliminación.
El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó el cambio de postura de su bancada y sostuvo que suprimir el artículo sería la mejor salida para evitar mayores conflictos. También planteó la necesidad de revisar otros puntos del proyecto, como la posibilidad de abonar salarios a través de billeteras virtuales, tema que también generó debate interno.
Desde Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca anticiparon que votarían en contra si el texto no era modificado. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, referente de ese espacio, consideró que si se trató de un error, lo más razonable era corregirlo. En la misma línea se expresó Oscar Zago, presidente del bloque del MID, quien cuestionó la forma en que se incorporó el artículo y señaló que modernizar la legislación no implica aprobar normas sin un análisis exhaustivo.
En el centro de la escena quedó la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien había reconocido que existió un error en la redacción. En distintas intervenciones públicas intentó explicar que la intención era diferenciar entre enfermedades severas y cuadros menores, aunque sus argumentos generaron más interrogantes que certezas. La falta de precisiones sobre qué organismo determinaría los diagnósticos y cómo se establecerían los porcentajes de pago alimentó las críticas.
El oficialismo intentó inicialmente sostener el artículo con la promesa de corregirlo en la reglamentación o mediante una ley complementaria. Sin embargo, esas alternativas no lograron consenso. Finalmente, primó la postura de “cortar por lo sano” y retirar el punto conflictivo para evitar que toda la reforma quedara empantanada.
El objetivo inicial era sancionar la ley antes del 1 de marzo para que el presidente Javier Milei pudiera anunciarla en la apertura de sesiones ordinarias. Por ahora, ese calendario deberá ajustarse. La reforma laboral continúa su trámite legislativo, pero con un capítulo menos y con la certeza de que cada artículo será observado con lupa, incluso por quienes hasta hace poco integraban el núcleo más firme de apoyos al Gobierno.