La discusión por una nueva ley de biocombustibles abrió un fuerte conflicto entre las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel y las grandes compañías aceiteras exportadoras. En el centro de la controversia se encuentra un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que, según advierten las pymes del sector, podría provocar el cierre de numerosas plantas industriales, destruir miles de puestos de trabajo y profundizar la concentración económica en torno a un reducido grupo de grandes empresas.
La iniciativa comenzó a ser analizada en la Cámara de Diputados y propone modificar las condiciones de funcionamiento del mercado interno de biodiésel, un combustible de origen vegetal que se mezcla obligatoriamente con el gasoil. Uno de los puntos más cuestionados es la reducción del porcentaje mínimo de mezcla, que pasaría del 7,5 al 4 por ciento. Al mismo tiempo, el proyecto ampliaría del cero al 6 por ciento el segmento de libre negociación, en el que podrían participar las principales empresas aceiteras del país.
Para las pequeñas industrias, el cambio representa una amenaza directa a su continuidad. Actualmente, unas 25 empresas regionales abastecen una parte importante del mercado interno, con plantas distribuidas en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. Muchas de ellas dependen de los cupos de producción establecidos por el Estado y de la obligación que tienen las refinadoras de comprarles biodiésel para cumplir con los porcentajes de mezcla vigentes.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, su director ejecutivo, Federico Martelli, manifestó preocupación por el tratamiento legislativo y pidió que los diputados escuchen los argumentos del sector antes de avanzar con un dictamen. La entidad teme que la modificación de las reglas se concrete sin incorporar cambios que permitan sostener la actividad de las empresas más pequeñas.
Según las estimaciones presentadas por la cámara, la producción asignada a las pymes podría caer de 902.700 a 481.440 toneladas. El sistema de distribución de los cupos, que contempla la cercanía al puerto de General San Martín, también genera preocupación entre las empresas del interior. De aprobarse el nuevo esquema, solamente 11 de las 25 plantas actuales podrían continuar operando, mientras que las restantes quedarían expuestas al cierre por falta de producción suficiente.
Miles de puestos de trabajo, en riesgo
Uno de los principales argumentos de las empresas afectadas es el impacto laboral que tendría la reforma. Las estimaciones sectoriales advierten sobre la posible pérdida de aproximadamente 9.500 empleos directos e indirectos, una cifra que incluye puestos industriales y actividades vinculadas con el abastecimiento de materias primas, el transporte y los servicios asociados.
El perjuicio también podría extenderse a unas 400 extrusoras de soja de escala pyme que forman parte de la cadena productiva regional. Estas instalaciones procesan la oleaginosa y abastecen de materia prima a diferentes industrias, por lo que una reducción de la actividad del biodiésel repercutiría sobre otros establecimientos y economías locales.
La preocupación se concentra especialmente en las localidades donde estas fábricas representan una fuente relevante de empleo y movimiento económico. El cierre de una planta no solo afecta a sus trabajadores, sino también a proveedores, transportistas, comercios y otras actividades que dependen de su funcionamiento.
Las pymes cuestionan, además, que la apertura del mercado pueda favorecer a las grandes compañías exportadoras, que cuentan con una ventaja estructural: muchas de ellas producen su propia materia prima y controlan una parte importante del abastecimiento de aceite de soja, que representa alrededor del 80 por ciento del costo de elaboración del biodiésel.
En ese contexto, las empresas regionales consideran que competir en igualdad de condiciones resulta difícil. Mientras las grandes aceiteras cuentan con una estructura integrada y acceso directo a los insumos, las pequeñas plantas dependen de un sistema de cupos y precios regulados que les permite mantener su participación en el mercado interno.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que el precio doméstico se acerque a los valores internacionales. Según advierte el sector pyme, esa modificación podría incrementar los costos y afectar la capacidad del país para sustituir importaciones de gasoil, con consecuencias sobre el ahorro de divisas.
Una industria que produce mucho más que combustible
El biodiésel también forma parte de una cadena industrial que va más allá de la mezcla con el gasoil. Su producción permite obtener derivados utilizados en distintas actividades, entre ellas la fabricación de glicerina para cosmética, productos químicos destinados a la industria alimentaria y farmacéutica, bioplásticos, biopolímeros y materiales empleados en construcción y logística.
El sector sostiene que esta diversidad de aplicaciones representa una oportunidad para ampliar la producción nacional, generar inversiones y desarrollar tecnologías vinculadas con la bioeconomía.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, la actividad genera una facturación anual superior a los 1.000 millones de dólares. Además, contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles y permite sustituir parte del gasoil importado.
Para las pymes, por lo tanto, la discusión legislativa no se limita a definir quiénes podrán vender biodiésel a las refinadoras. También pone en juego el futuro de una red industrial que sostiene empleos en distintas provincias y que podría desarrollar nuevos productos de mayor valor agregado.
La contrapropuesta de las empresas regionales
Frente al proyecto aprobado en el Senado, las pymes elaboraron una propuesta alternativa que busca ampliar el uso de biocombustibles y establecer un sistema de participación diferenciado para los distintos actores de la industria.
La iniciativa plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil al 12,5 por ciento. De ese total, un 5 por ciento quedaría reservado para las pymes regionales, con el objetivo de proteger a las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto. Otro 2,5 por ciento se destinaría a pequeñas empresas del polo portuario que no producen su propia materia prima, mientras que el 5 por ciento restante quedaría disponible para la participación de las grandes aceiteras exportadoras.
La propuesta también contempla reemplazar el esquema vigente de cupos y precios regulados por licitaciones competitivas y transparentes. De acuerdo con sus impulsores, ese mecanismo permitiría introducir competencia sin provocar la desaparición de las empresas regionales.
Las pymes sostienen que el incremento del porcentaje obligatorio de mezcla abriría nuevas oportunidades para todos los participantes y permitiría aprovechar mejor la capacidad industrial instalada. También argumentan que la expansión del mercado podría generar inversiones adicionales sin necesidad de desplazar a los productores más pequeños.
Una disputa que también involucra a las provincias
El proyecto que impulsa la senadora Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza, obtuvo media sanción el 17 de septiembre y propone modificar la Ley 27.640, que regula el sector de los biocombustibles. La normativa vigente fue diseñada para promover inversiones, impulsar el empleo regional y evitar que la actividad quedara concentrada exclusivamente en las empresas de mayor tamaño.
La nueva iniciativa propone establecer un régimen con una vigencia de 15 años, bajo el argumento de fomentar inversiones agroindustriales y ampliar la participación de los combustibles de origen renovable. Sin embargo, el debate también expuso diferencias entre las provincias y los sectores productivos involucrados.
Desde la representación de las pymes cuestionaron que los intereses vinculados con el bioetanol, otro biocombustible producido principalmente en regiones del norte argentino, hayan terminado mezclándose con la discusión sobre el biodiésel. Según la cámara, esa situación habría favorecido acuerdos políticos que no contemplan las consecuencias para las industrias regionales dedicadas a este último combustible.
El conflicto plantea así una discusión sobre el modelo de desarrollo industrial que busca el país: por un lado, la apertura de un mercado con mayor participación de grandes empresas; por otro, la preservación de un entramado productivo distribuido en distintas provincias.
Mientras avanza el tratamiento legislativo, las pymes reclaman modificaciones que permitan sostener las fuentes de trabajo y evitar el cierre de establecimientos. La resolución del debate será determinante para el futuro de 25 empresas y de miles de trabajadores vinculados con la actividad.
En definitiva, la discusión sobre el biodiésel no solo define las condiciones comerciales de un combustible alternativo. También pone sobre la mesa el papel de las pequeñas industrias en el desarrollo del interior, la distribución territorial del empleo y la capacidad argentina para transformar sus recursos agrícolas en productos industriales de mayor valor agregado.