El Gobierno nacional enfrenta nuevas dificultades para avanzar con su reforma electoral en el Congreso. La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, PASO, se convirtió en uno de los principales puntos de negociación con sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical, dos espacios cuyos bloques parlamentarios pueden resultar determinantes para que la iniciativa consiga los votos necesarios.
La discusión adquiere especial importancia en el Senado, donde La Libertad Avanza cuenta con 21 representantes propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar una modificación de esta naturaleza. En ese escenario, los diez senadores radicales y los representantes del PRO pueden inclinar la balanza, aunque ninguno de los dos espacios terminó de fijar una posición definitiva.
En el oficialismo buscan sumar respaldo mientras, al mismo tiempo, intentan contener una posible ofensiva opositora en el recinto. Las negociaciones involucran a dirigentes del Gobierno, legisladores, gobernadores y referentes de los partidos aliados, en un contexto atravesado por diferencias internas y reclamos cruzados.
Dentro del PRO, el jefe de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, reconoció que todavía no existe una postura unificada respecto de las PASO. A eso se sumó el pronunciamiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien se manifestó en contra de modificar las reglas electorales de cara a 2027. Su posición es que cualquier reforma de fondo debería aplicarse a partir de una elección posterior, para evitar cambios en las condiciones de competencia de los próximos comicios.
En el Senado, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, también expresó su rechazo a modificar el esquema actual de las PASO. Esta posición agrega presión a las negociaciones y deja al oficialismo frente al desafío de conseguir apoyos adicionales para alcanzar la mayoría necesaria.
El radicalismo, por su parte, mantiene una postura más reservada. Una parte de sus representantes estaría dispuesta a respaldar una alternativa que transforme las primarias en un mecanismo no obligatorio. Sin embargo, esa posibilidad no coincide con la estrategia del Gobierno, que pretende avanzar directamente con la suspensión de las PASO.
La discusión electoral se mezcla, además, con otros conflictos parlamentarios. El oficialismo busca evitar que la oposición consiga imponer una jornada legislativa cargada de proyectos relacionados con distintos sectores sociales y, para ello, intenta mostrar que también tiene iniciativas propias para abordar temas como las deudas y la discapacidad.
Las diferencias dentro del oficialismo también generan tensión. Algunos dirigentes cuestionan los cambios de último momento impulsados durante las negociaciones parlamentarias, porque consideran que complican la tarea de conseguir votos. En ese contexto, la preocupación central pasa por evitar nuevas derrotas en el Congreso.
El Presupuesto 2027 representa otro capítulo de esta disputa. Su tratamiento quedaría concentrado hacia noviembre y diciembre, pero allí también aparecerán dificultades. Aunque el PRO y sectores radicales podrían mostrar una mayor predisposición a acompañar las medidas económicas, los gobernadores reclaman mayores recursos y cuestionan la distribución de fondos prevista en el proyecto.
Por ese motivo, las negociaciones no se limitarán al Congreso. También alcanzarán al Ministerio de Economía, donde distintos dirigentes buscarán conseguir recursos adicionales para sus provincias. En definitiva, la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno dependerá de una compleja combinación de acuerdos políticos, respaldo parlamentario y compromisos económicos.
Con las PASO todavía en discusión y sin una posición cerrada por parte del PRO y la UCR, el oficialismo deberá continuar negociando voto por voto. El escenario deja en evidencia que, aun contando con aliados circunstanciales, las decisiones centrales del Gobierno necesitan de acuerdos más amplios para poder avanzar en el Congreso.