El mapa productivo argentino suma nuevos cierres y conflictos laborales en distintos puntos del país. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la economía atraviesa un escenario de fuerte contracción que ya impacta en empresas emblemáticas de diversos sectores. Mientras el discurso oficial sostiene que el país creció “10 por ciento en dos años” y defiende la apertura de importaciones como eje del programa económico, la realidad cotidiana muestra quiebras, concursos preventivos y despidos.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la distribuidora Beer Market decidió cerrar de manera definitiva sus 20 locales tras una década de actividad. Más de 90 trabajadores quedaron sin empleo y la empresa dio de baja su página web, confirmando el cese total de operaciones. Según trascendió, acumulaba decenas de cheques rechazados por montos millonarios y una abultada deuda bancaria que la colocó en una situación financiera límite. Los empleados fueron notificados primero por mensaje y luego convocados a una reunión donde se oficializó el cierre. En lugar de abonar indemnizaciones completas, la firma habría ofrecido compensaciones reducidas bajo el argumento de un proceso preventivo de crisis.
Otro golpe significativo se produjo con la liquidación del frigorífico San Roque, en Morón. La planta cesó sus actividades y dejó a 140 personas sin trabajo. Desde la empresa argumentaron que la caída del consumo interno y el impacto de las importaciones de carne alteraron las condiciones del negocio hasta volverlo inviable. Tras la decisión, se realizaron audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir liquidaciones y evaluar posibles alternativas ante el impacto social que generó el cierre.
La crisis también alcanza al sector industrial. La firma Goldmund, propietaria de la marca Peabody, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Con una planta en La Tablada y alrededor de 250 empleados, la compañía busca reestructurar pasivos para evitar un colapso mayor. En un comunicado dirigido a proveedores y clientes, aseguró que continuará operando mientras avanza el proceso judicial.
En el interior del país, la histórica fábrica de bolsas Panpack, ubicada en Los Nogales, Tucumán, cerró sus puertas tras más de cinco décadas de actividad. La planta, que abastecía a ingenios azucareros, dejó a 75 trabajadores sin empleo. La escena fue abrupta: al llegar para iniciar el turno, los operarios encontraron los portones cerrados y custodiados. La empresa ya había iniciado un ajuste el año pasado con despidos y pagos parciales de indemnizaciones.
Los datos confirman que no se trata de casos aislados. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, entre enero de 2024 y comienzos de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales, con la industria concentrando más del 60 por ciento de los casos. Los despidos encabezan las causas, seguidos por cierres y suspensiones.
El panorama general revela una estructura productiva bajo presión. La combinación de consumo deprimido, apertura comercial y dificultades financieras empresarias configura un escenario complejo para el empleo y la actividad. Más allá de las cifras macroeconómicas, en fábricas, comercios y plantas industriales la preocupación crece ante la incertidumbre sobre la continuidad laboral y la supervivencia de empresas que durante años formaron parte del entramado productivo argentino.