En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación debatió el ingreso de varios pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el de la exsenadora neuquina Lucila Crexell, propuesta como embajadora argentina en Canadá. La iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de sectores de la oposición, que vinculan su nominación con el cambio de postura que la exlegisladora tuvo durante la votación de la Ley Bases.
El tratamiento del pliego se dio en un contexto atravesado por múltiples cuestionamientos al oficialismo, incluyendo menciones a investigaciones en curso y críticas al accionar de funcionarios nacionales. Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en la figura de Crexell, quien había manifestado inicialmente su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno, pero finalmente votó a favor en el recinto.
Ese giro resultó determinante: la votación terminó empatada en 36 votos, lo que habilitó la intervención de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien en su rol de titular del Senado desempató a favor de la iniciativa, permitiendo su aprobación. Desde entonces, la decisión de Crexell quedó bajo la lupa.
Distintos legisladores opositores sostienen que la posterior propuesta para ocupar un cargo diplomático sería una retribución por aquel voto. En un primer momento, trascendió que el destino sería un organismo internacional en Europa, pero tras la repercusión pública y denuncias judiciales, el Ejecutivo habría optado por postularla para la embajada en Ottawa.
Durante el debate, la senadora riojana Florencia López fue una de las voces más críticas. Recordó lo ocurrido durante la sesión de la Ley Bases y pidió a sus pares no avanzar con una designación que, según expresó, comprometería la credibilidad institucional del cuerpo legislativo. En la misma línea, otros referentes del bloque opositor plantearon la necesidad de rechazar el pliego hasta tanto se esclarezcan las circunstancias que rodearon el cambio de voto.
La sesión también estuvo marcada por reclamos vinculados a otras iniciativas, como la implementación de leyes relacionadas con discapacidad y financiamiento universitario, así como cuestionamientos sobre la integración de comisiones dentro de la Cámara Alta. Desde la oposición señalaron que se habría alterado el equilibrio en la distribución de espacios legislativos.
A su vez, se sumaron críticas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien algunos senadores le reclamaron explicaciones públicas por distintas controversias recientes. El clima general reflejó un escenario de fuerte confrontación política, con acusaciones cruzadas y pedidos de rendición de cuentas.
En paralelo, el Senado avanzó con otros temas en agenda, como el ingreso del pliego del juez Carlos Mahiques para extender su permanencia en la Cámara Federal de Casación Penal, dado que se aproxima a la edad límite establecida por la Constitución. También se aprobó un proyecto que modifica la forma de publicación de los pedidos de acuerdo del Ejecutivo para designaciones judiciales, que pasarán a difundirse únicamente a través de medios digitales oficiales.
Con este panorama, la Cámara Alta vuelve a situarse en el centro del debate político, en medio de discusiones que combinan decisiones institucionales, tensiones partidarias y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública.